130 radios comunitarias de Brasil perdieron sus licencias el 31 de diciembre del 2018. El último día de mandato del presidente de facto Michel Temer tuvo tiempo de realizar este atentado contra la comunicación popular en el gran país hermano.
La resolución se tomó contrariando la voluntad de las emisoras y sin que hubiera un debate previo. El Diario Oficial de la Unión publicó la decisión que venía firmada por el Ministerio de Ciencia, tecnología, Innovaciones y Comunicaciones.
El representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en Brasil, Pedro Martins, afirma que la decisión “claramente configura una persecución, una mirada distinta para ese sector que representa la voz de las comunidades, las voces populares en la comunicación del país”, señala un artículo de Brasil de Fato.
No hubo comunicación pública sobre los fundamentos para la determinación. El único personaje ligado al asunto que hizo declaraciones fue el presidente de la Asociación Brasileña de Radio y Tv de Bahía, Fernando Henrique Chagas, quien criticó el financiamiento que recibían las radios comunitarias.
Esto pone un broche brutal a la desastrosa gestión de las radios comunitarias de parte del Estado que viene aplicando la ley 9.612 de Servicio de Radiodifusión Comunitaria que funciona desde 1995 y que deteriora el acceso a la información y que puso un cepo criminalizador a su funcionamiento, estando el poder político en manos del presidente ultraliberal Fernando Henrique Cardoso.
¿Se crean las condiciones en Brasil para que no haya posibles canales de denuncia de las arbitrariedades que vayan a cometer los organismos del Estado en contra de la población?