El gerente general de la entidad anunció que recomendará que los silos continúe administrándolos el Ministerio de Agricultura.
Punto Noticias. La empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento, que desaparecerá por disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, cancelará las obligaciones con agricultores en los próximos 60 días.
Francisco Alberto Ticina Navarro, gerente general la UNA EP, explicó, ante los asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria, las etapas del proceso de liquidación de esta entidad, que tomará 240 días.
Según el funcionario, las prioridades del organismo son el cumplimiento de sus obligaciones con los agricultores y la defensa de los derechos del talento humano que presta servicios en esta institución. “Mi compromiso es cancelar las obligaciones que mantenemos con los agricultores dentro de los 60 días que tomará la fase preliquidatoria”, insistió.
La UNA compraba las cosechas a los pequeños y medianos agricultores, con el fin de hacer respetar los precios oficiales, a nivel de finca, y evitar que sean víctimas de los intermediarios.
Ticina explicó que el proceso tendrá dos fases; la primera, con una duración de 60 días, en la cual la Gerencia General de la UNA recopilará toda la información relacionada con la empresa, activos, pasivos, pagos pendientes, búsqueda de la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones económicas, que mantiene la entidad.
Después de los 60 días, iniciará la etapa de liquidación, con el nombramiento del liquidador, de una terna propuesta por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), proceso que está previsto durará 180 días.
El cierre de la empresa tiene cuatro ejes que son importantes; el eje organizacional, que implica buscar una optimización del talento humano, para contar con los recursos necesarios que permitan cumplir con las obligaciones laborales; el eje financiero y administrativo, que contempla saber a ciencia cierta los estados financieros consolidados, contar con el inventario de bienes que posee y las obligaciones pendientes, entre otros aspectos.
El tercer eje, el jurídico, permite conocer cómo están los contratos con agricultores, proveedores, contratos con terceros y la normativa que se va a aplicar en la liquidación; y, el eje de planificación, que establece una hoja de ruta sobre las acciones que se desarrollarán durante los 60 días.
Anunció que recomendará que los silos (bodegas) a cargo de la UNA EP se mantengan en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. “A mi criterio, los silos deberían ser administrados por la cartera de Estado de Agricultura, con un modelo de gestión que permita la participación de las asociaciones agrícolas del país”, planteó.
Ticina comentó que se busca la salida más adecuada para los insumos que se encuentran en las bodegas de la UNA, entre ellos, la urea. Sobre los contratos con la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta (ULEAM) y con la Empresa Pública Universidad Pública de Santa Elena (UPSE EP), señaló que se está levantando la información respectiva.
Los legisladores Juan Bustamante, Verónica Guevara, Marcia Arregui y Mauricio Proaño expusieron sus preocupaciones en torno al proceso de liquidación de la empresa pública y, sobre todo, respecto del pago de las obligaciones que la entidad mantiene con los agricultores de las distintas provincias del país.