Betty Soria se enfrenta a una pena de cinco a siete años de prisión, por realizar un informe en el cual le solicita a la justicia que se investigue un presunto caso de abuso sexual infantil.
Las Warmis. Este 27 de abril, la psicóloga Betty Soria será juzgada por el presunto delito de falsificación de documento público, tras levantar un informe en el que se alertaba sobre el presunto abuso sexual a una menor de edad.
Ella y la madre de la niña presuntamente abusada por su padre, se enfrentan a una pena de prisión de cinco a siete años.
En el 2020, la niña acudió a la consulta de Betty, debido a que la trabajadora social que la atendió durante el juicio de régimen de visitas, solicitado por su padre, levantó indicios de un presunto abuso sexual infantil.
La psicóloga, que trabaja en un hospital público, emitió el informe, en el que corroboró la alerta previa, y solicitó al sistema judicial que se investigue el presunto delito.
“Mi relación con la justicia es poner la alerta en conocimiento del sistema judicial y que ellos investiguen”, afirma.
Para Betty Soria fue una sorpresa recibir esta demanda hace dos años, pues dentro de su labor como psicóloga, había realizado más de cien informes de presuntos delitos relacionados con menores.
Soria asegura que «es la primera vez que en Ecuador se utiliza esta estrategia jurídica, denominada Efecto Backlash o Contragolpe, para amedrentar a los profesionales que protegen a los niños y levantan alertas sobre presuntos casos de abuso sexual infantil».
El informe médico fue sacado sin autorización del hospital
Pero, lo más grave, según la psicóloga, es que la pequeña está siendo revictimizada, después de que un abogado del presunto agresor, logró sacar del hospital el expediente médico. El documento ha sido exhibido públicamente y utilizado a su conveniencia, sentencia.
Este hecho, que constituiría una presunta irregularidad, también se está investigando. Pero no se han determinado los responsables de facilitar la historia clínica de una paciente sin autorización; al contrario, el mismo sistema judicial permitió que se publique la información.
Horas antes de la audiencia, este 27 de abril, se aceptó el recurso de hábeas data para reservar de forma parcial el documento médico, aunque en redes sociales todavía existen personas ofreciendo facilitarlo a cualquiera.
Betty también se muestra indignada porque este caso, con el que pretenden llevarla a la cárcel, avanza con mayor celeridad que el juicio por presunto abuso sexual en contra del padre de la menor. El ciudadano alemán salió del país sin ningún impedimento y atiende las diligencias vía telemática.
Betty ha denunciado que el sistema les ha fallado, y cree que se está enfrentando a personas con poder, representados por abogados que fueron exfiscales y que dentro de los juzgados son considerados como “intocables”.
El abogado del padre de la menor es el Dr. Antonio Gagliardo, quien mantiene un vínculo con la Presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, pues tienen un hijo en común.
A pesar de toda la tragedia, que ha representado enfrentar el proceso penal, incluso en estado de embarazo de alto riesgo, Betty Soria asegura que volvería a levantar la alerta e intentar proteger a la menor de un abuso sexual.
“Las personas que estamos en la primera línea de defensa (de las infancias) debemos entender que este es un efecto que podría existir, y no dejarnos intimidar. No ocupemos estos puestos si no estamos dispuestos a cruzar la línea para defender a los niños de estas personas que son perversas”, dice enfática.