Hubo una política de exterminio por parte de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, agregó.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), informó que el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, presentó en abril una acción de protección por las masacres carcelarias ocurridas desde 2018 y que han dejado, al menos, 600 personas fallecidas.
Además Navarrete reclamó por la poca agilidad de la Fiscalía. Pese a garantizar la investigación de estos casos, han pasado los años y no hay ningún resultado. De ahí que las familias de las víctimas piden que las masacres no queden en la impunidad pues los privados de libertad fueron asesinados, mientras se encontraban custodiados por el Estado.
“Pensando especialmente en sus parejas e hijos, que han quedado en situación de mayor vulnerabilidad”, enfatizó Billy Navarrete.
Señaló que también se pide reparación en cuanto al daño psicoemocional, ya que la única respuesta de la Ex Secretaría de Derechos Humanos ha sido dar una palmadita en la espalda, cuando las personas van a recuperar los cuerpos desmembrados de sus familiares en Criminalística.
“600 personas fallecidas no es poca cosa”, insistió el activista.
Para el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, las masacres fueron premeditadas pues las autoridades conocían con anticipación de los hechos y no hicieron nada por evitarlos, más allá de ingresar a las cárceles para recoger los cuerpos.
“Todo esto nos lleva a pensar que hubo una política de exterminio”, destacó Navarrete.
Manifestó que los discursos de las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso evidencian un quemeimportismo frente a la problemática, aduciendo que los malos están en la cárcel y los buenos afuera, despreocupándose de atender el tema.
Subrayó que la realidad carcelaria es dramática y lo calificó como un escenario, en el que se acumulan las desigualdades que se expanden en el exterior.
“Hace más de 15 años, en la Penitenciaria había una leyenda con la frase: Aquí no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Esa sigue siendo la máxima”, puntualizó Billy Navarrete.
Además detalló que el 20% de los privados de libertad está detenido por delitos a la vida y sexuales. Mientras, un 40% está vinculado a delitos a la propiedad y otro 40% a delitos de drogas, en este último también constan los consumidores, cuando ellos deben ser atendidos desde la salud pública.
Asimismo, mencionó que, al menos, el 50% de detenidos tiene entre los 18 a 30 años, y en su mayoría son estudiantes de primaria.