Tras estrellarse el helicóptero policial en un parque de Quito, uno de los ocupantes el general Espinosa fue destituido luego de una investigación interna.
Punto Noticias.- Según el informe de Contraloría General del Estado (CGE), existe falta de control, duplicidad del número secuencial de los vuelos, nombres incompletos de la tripulación y de los pasajeros y enormes diferencias en el número de vuelos declarados por el Servicio Aeropolicial y lo cotejado por un equipo auditor en los libros de operaciones.
Aquellas inconsistencias encontradas por la CGE en la investigación realizada por uso de las aeronaves policiales entre el 1 de enero del 2013 y el 6 de marzo del 2018. Las cuales no coinciden entre la cantidad de trayectos realizados con los anotados en los registros desde 2013 a 2018, no hay registros de los nombres completos de los pasajeros
Esta auditoría se anunció tres días después de que el helicóptero Fénix 1 de la Policía se accidentara en el Parque Bicentenario, al norte de Quito, el pasado 4 de marzo del 2018. Donde viajaban el piloto, el copiloto y el general Enrique Espinosa de los Monteros junto a su esposa, que resultaron con varias contusiones.
La Contraloría informó que el Comando de la Policía dio a conocer a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que usaron la nave “sin la autorización de la Dirección General de Operaciones y la Comandancia”, lo que motivó la extensión del período de análisis del 31 de diciembre de 2018 al 6 de marzo de 2019.
El resultado del examen especial indica, que “la falta de políticas y procedimientos que garanticen la confiabilidad e integridad de la información de las misiones aéreas, originó que la Unidad del Servicio Aeropolicial no cuente con información suficiente de las operaciones, permitiendo que en los registros en los libros de operaciones se presenten inconsistencias”, existe en duda un total de 2.182 vuelos.
Según la fecha de corte de la auditoría, el Servicio Aeropolicial (SAP) tiene bajo su responsabilidad 10 helicópteros y 3 aviones distribuidos a nivel nacional, en los que se han realizado 15.083 viajes nacionales y 54 internacionales.
La falta de prolijidad de los procedimientos se da por la “forma manual” que se han registrado las misiones aéreas, además de la inexistencia de datos estadísticos sobre las operaciones.
Las inconsistencias son más fuertes en el uso del helicóptero modelo AS350, con matrícula PN-126, con base en Santo Domingo. Tras la información entregada por el comandante de Operaciones a Contraloría, esa aeronave habría realizado 1.696 vuelos, en cambio el resultado de la auditoría dice que solo hizo 1.053. O sea que 643 operaciones no tienen registro.
Igual situación tiene el helicóptero modelo AS350 B3, matrícula PN-142 y el modelo R44 con matrícula PN-144, ambos con base en Quito. Cada uno registra más de 400 inconsistencias sobre la cantidad de vuelos. No existe un pronunciamiento oficial de la Comandancia General de la Policía.
Respecto al uso del helicóptero donde el general Enrique Espinosa se transportó de San Vicente a Quito el 4 de marzo de 2019, cuando sufrió el accidente, la Contraloría coincide con las inconsistencias de registro de vuelos de las aeronaves policiales y la investigación policial interna en mayo del año pasado, “el general inspector hizo uso del helicóptero sin autorización ni conocimiento del director general de operaciones ni del comandante general de la Policía”.
En aquella ocasión, el General Espinosa estaba de vacaciones en San Vicente, Manabí, según su testimonio, recibió una disposición de la Comandancia General para estar en Quito y dar la bienvenida a una delegación de la Iberpol, indica el informe.
“Al recibir esa disposición solicité el 3 de marzo al jefe del Servicio Aeropolicial que de ser factible me traslade a Santo Domingo de los Tsáchilas (…) adicionalmente recibí la llamada del jefe de Aeropolicial, quien me indicó la disponibilidad del vuelo y que, si las condiciones meteorológicas eran adecuadas, podrían llevarme a Quito”, reveló.
La Contraloría indica que los viajes de María Paula Romo y el entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, el 2 y 3 de marzo de 2019, a bordo de un avión policial, fueron autorizados, “los vuelos 950 y 951 efectuados por el avión de matrícula PNE 220, de acuerdo con los documentos remitidos, fueron requeridos por la ministra del Interior conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional y contó con la autorización del comandante general de la Policía”, concluye el informe de Contraloría.
El supuesto mal uso del avión fue denunciado en julio del año pasado por los asambleístas de oposición, lo que pretendió llevar a juicio político a Romo, que terminó archivado. Para Romo, no existían irregularidades en sus viajes que los realizaron tras el encuentro entre el presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente Lenín Moreno. Luego del evento fue a pasar el feriado a Esmeraldas. Contraloría afirma que el uso del avión está justificado por cuestiones de seguridad.
Fuente: Expreso