Uno de los procesos cuestionados es la adquisición de reactivos y dispositivos por $1,480,838.35, que está en ejecución y fue adjudicado a un estudio jurídico que actualizó su RUP un día antes
Punto Noticias. En una carta enviada al Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, pidió solicitó la destitución inmediata de Paúl Granda como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), debido a varios contratos con supuestas irregularidades que llaman la atención de Carrión y que suman, entre todos, USD. $12,918.592.95.
Resulta preocupante, dice el documento, que el IESS y el Ministerio de Salud, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, “vulneren el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social” al no garantizar que los servicios de atención sanitaria se encuentren adecuadamente abastecidos, por no asegurar la disposición a tiempo de pruebas; ni disponer de los equipos adecuados para el tratamiento en hospitalización de los pacientes, mucho menos de los recursos suficientes para hacer frente a esta pandemia.
Llama la atención de Carrión varios procesos que se han llevado a cabo durante la emergencia. Uno de ellos, es el proceso de adquisición en emergencia No. IESS-DG-AL-2020-0300001, realizado por parte del IESS por un monto de USD. 10,017.754.60 para la compra de dispositivos y/o insumos médicos para solventar la emergencia declarada por el COVID-19. “En el que se incluyen mascarillas y otros insumos, tan necesarios en este momento, pero adquiridos con sobreprecios indignantes”. Debido a las denuncias, explican, este proceso pudo ser detenido y declarado desierto.
Otro proceso es el de contratación No. RIES-IESS-SDNCP-017-2020 por parte del IESS de una agencia de comunicación o publicidad, que brinde servicios y productos integrales, para el posicionamiento, fortalecimiento y difusión de la imagen institucional y de sus prestaciones; por un valor de USD 1,420.000.00 más IVA. “Si bien las denuncias públicas hicieron que dicho proceso contractual se declare desierto luego de que ya había sido adjudicado, quedan serias dudas respecto a la forma a la transparencia en el uso y destino de los escasos recursos existentes”.
Además, el proceso que llama profundamente la atención del Defensor del Pueblo es el contrato No. SIE-HGSQ-29-046 realizado mediante subasta inversa por parte del Hospital General del Sur de Quito, para la adquisición de reactivos y dispositivos para laboratorio clínico por un valor de $1,480,838.35, el mismo que ya se encuentra en ejecución. Para sorpresa del país, dice el documento, “ha sido adjudicado a un estudio jurídico Asesores Legales del Ecuador Asesoles S.A., empresa que obviamente dado su objeto social, no tiene ningún tipo de experiencia en el manejo de reactivos y dispositivos clínicos para un laboratorio. Adicionalmente, de forma por demás sospechosa, actualiza su RUP, un día antes de que se concrete el proceso de contratación”.
Solo los tres contratos mencionados «en los que existen evidentes irregularidades» suman USD. 12,918.592.95. Carrión destaca que es urgente establecer mecanismos que permitan vigilar el proceso transparente de adjudicación, así como el uso y destino de los recursos durante la emergencia sanitaria.