En dos semanas decidirá el CAL, señaló este 8 de septiembre, sobre las solicitudes de juicio político contra Richard Martínez.
Punto Noticias.- El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolverá en dos semanas, las solicitudes de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por aparente incumplimiento de funciones.
Patricio Donoso (Creo), vicepresidente del Parlamento, afirmó, este martes 8 de septiembre, que la decisión responde, a que el funcionario se encuentra en el proceso de renegociación de la deuda externa y la búsqueda de créditos para el país.
“Se resolvió aplazar por 15 días máximo, puede ser antes, la calificación del juicio al ministro Martínez, en virtud de que se encuentra en este momento concluyendo la renegociación de la deuda externa”, detalló Donoso.
Además, “hay que pensar que el país requiere que los multilaterales le otorguen estos USD 4 000 millones en este año más de USD 2 000 millones extras; por lo tanto, en forma responsable resolvimos simplemente aplazar no es que se ha negado”.
Contra de Martínez pesan cinco pedidos de juicio político, que en el último año los presentaron los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Yofre Poma, del correísmo; el socialcristiano Vicente Taiano y los independientes Jimmy Candell y Raúl Tello.
Las acusaciones son de incumplimiento de funciones en el pago a los jubilados, supuesto manejo negligente de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria privilegiando el pago de la deuda, indebida retención de las asignaciones a los municipios y falta de entrega de recursos al sector educativo.
Mientras que por unanimidad los seis integrantes presentes, el CAL decidió calificar los pedidos de juicio político contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz.
El caso de Romo, va por el tercer pedido de juicio político que enfrenta en sus apenas dos años de Ministra. Los otros dos se habrían archivado por falta de sustento. Esta vez, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (exCreo) esperan interpelarla por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre pasado.
Mientras que a Cruz se lo investiga por uso de carné con un 81% de discapacidad. En ambos casos la Comisión de Fiscalización debe preparar un informe en caso de censura y destitución.
Fuente: El Comercio