Organizaciones de defensa de Derechos Humanos creen en su inocencia, mientras hay otros sectores que consideran que sí pidió diezmos a sus colaboradores.
Punto Noticias.- En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia de juzgamiento contra la exlegisladora Nívea Vélez, por su presunta participación en el delito de concusión.
Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que respalda junto con otras organizaciones como la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas a Vélez, existe violencia política de una manera cruel, injusta e inaceptable que se ha generado desde 2018, cuando empezó este caso.
A través de su cuenta de Twitter, al inicio de la diligencia, la organización alertó que las abogadas de Vélez exigían que se garantice la comparecencia de todas las partes procesales, especialmente de los testigos, debido a problemas técnicos en el audio. Incluso, la diligencia fue restringida vía telemática.
El Tribunal integrado por los jueces nacionales Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas escucha a las partes procesales. En la diligencia participa el fiscal general subrogante Wilson Toainga.
La exasambleísta fue vinculada, desde el 2018, en un proceso penal, a raíz de su participación política en varias instituciones públicas.
El 27 de febrero de 2019 se presentó la denuncia en Fiscalía en contra de la exlegisladora por el presunto delito de concusión, que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) incurre cuando “servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.
Vélez fue asambleísta por la provincia de Loja, en el período 2009 – 2013 y fue denunciada por Vicente Ogoño. El exfuncionario, quien fue contratado a principios de 2012, aseguró que la entonces legisladora le exigió el pago de más de USD 28.000 correspondientes a un porcentaje del sueldo que ganó como asesor de despacho durante 16 meses.
Para el depósito de ese dinero, Vélez habría presionado a Ogoño con el fin de que abriera una cuenta bancaria compartida con Adriana Castro, quien también era su colaboradora y en este caso fue investigada en calidad de cómplice.
Los activistas a favor de Vélez insistieron en que el Tribunal tome en consideración las contradicciones en la teoría del caso de la Fiscalía. Mientras, hay otro sector que considera que es culpable de pedir diezmos a sus colaboradores.
En septiembre de 2021, el juez Walter Macías llamó a juicio a Vélez, mientras que a su excolaboradora Adriana Castro se le dictó auto de sobreseimiento.
Fuente: Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, redes sociales