Ellos se oponen a la construcción de la denominada ‘Cárcel del Encuentro’, en Santa Elena. Hasta el último informe oficial, su construcción tenía un avance del 30%.
La Comuna de Chanduy, en Santa Elena, está indignada. Una vez que la jueza constitucional de Guayas, Tannya Guzmán, negó -este sábado 21 de diciembre de 2024- la acción de protección que presentó la comunidad en conjunto con el Comité Permanente por los Derechos Humanos.
Ellos se oponen a la construcción de la denominada ‘Cárcel del Encuentro’, en Santa elena. Hasta el último informe oficial, tenía un avance de construcción mayor al 30%.
La acción de protección planteó la vulneración de tres derechos:
- Derecho a la consulta previa libre e informada a la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy.
- Derecho al respeto integral de la existencia del bosque seco tropical ubicado en la Comuna Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico.
- Y, el derecho colectivo a la conservación del patrimonio cultural.
Los accionantes buscaban que se proteja el derecho a la consulta previa, libre e informada de la Comuna Bajada de Chanduy, “una comunidad con raíces indígenas y posesión ancestral de sus tierras desde antes de la colonización. Su propiedad son comunitarias y se rigen bajo cabildos”, señalaron en la red de X.
Cárcel afecta al bosque nativo
Según una investigación de la Alianza por los Derechos Humanos (Inredh), la construcción de esta cárcel atraviesa un terreno de 300 hectáreas en la provincia de Santa Elena, en la parroquia Simón Bolívar y Parroquia Bajada de Chanduy, específicamente en el Cerro “Las Negras”.
Allí convergen varias comunas indígenas:
- Sacachún
- Juntas del Pacífico
- Ciénega
- Y, Bajada de Chanduy.
INREDH argumenta que en el territorio de construcción de la cárcel “Del Encuentro” existe un bosque nativo primario con una extensión de 435.380 hectáreas que alberga una alta diversidad de flora y fauna silvestre; es colindante con ríos Don Lucas-Juntas del Pacífico, río las negras, río Hondo; restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales; y la zona tiene territorios de comunas ancestrales como la Bajada de Chanduy, Juntas del Pacífico, entre otros.
Los demandantes apelaron esta decisión de primera instancia. Y, además presentarán una acción de protección ante la Comisión de Derechos Humanos.
En rueda de prensa, los comuneros señalaron que estarán en “pie de lucha y resistencia” y que no permitirán que se afecte a sus comunidades y a los ríos Negras y Grande, que abastece a la zona agrícola de esa parte del país.
La Comuna Ancestral Bajada de Chanduy y Comunas de Santa Elena emitirán declaraciones públicas frente a la decisión de la jueza Tannya Guzmán en #SantaElena de rechazar la acción de protección presentada para detener la construcción de la cárcel de máxima seguridad pic.twitter.com/3GRE6cz7qy
— CDH.GYE (@CDHGYE) December 21, 2024
Oposición a cárceles del Gobierno
No es la primera vez que hay oposición a la construcción de cárceles por parte del Gobierno.
El Gobierno pretendía construir una segunda cárcel en el cantón Archidona, en la provincia de Napo, pero tuvo que mover el proyecto a un nuevo punto de Salinas (en la provincia de Santa Elena). Es decir, Santa Elena tendrá dos nuevas cárceles de máxima segunda.
Dennis Córdova, alcalde de Salinas, señaló que en su Municipio la contratación de obras es «prioritaria y es sinónimo de progreso y oportunidades».
La decisión del Gobierno se dio tras 15 días consecutivo de protestas en Napo.
Habitantes de Archidona, Tena y otras localidades amazónicas cerraron las vías en varios puntos como medida de protesta a la construcción de la cárcel.
Cabe resaltar que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) había adjudicado el contrato para la edificación de una cárcel en Archidona a un costo de USD 52 millones.
Ahora, ese proyecto deberá moverse a Salinas, en Santa Elena.