El viernes 10 de enero, agentes civiles de Ambato interpusieron una demanda de acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.
A través de una demanda de acción de incumplimiento, ante la Corte Constitucional, agentes civiles de Ambato, buscan que se aplique el Código Orgánico de Entradas Complementarias de Seguridad y Orden Público (COESCOP) y que se cumplan los compromisos laborales pendientes.
El COESCOP, promulgado en 2017, estableció normas para regular los salarios y las condiciones laborales de los agentes civiles de tránsito, bomberos y policía municipal. Sin embargo, los compromisos no se han cumplido, y los salarios siguen congelados.
Giovanni Lozada, agente civil de control, explica que, aunque la normativa fue aprobada hace siete años, aún no se han implementado medidas para garantizar su efectividad. Según Lozada, tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos descentralizados han mostrado poco interés en proporcionar los recursos necesarios para el adecuado desempeño de los agentes.
“Desde la vigencia del COESCOP, no ha habido avances en la implementación de insumos técnicos y legales para una seguridad efectiva. Nos sentimos impotentes sin las herramientas necesarias para cumplir nuestra labor”, expresó Lozada.
Estructura salarial congelada por acuerdo ministerial
Según Lozada, uno de los problemas más graves que enfrentan los servidores públicos complementarios es la falta de una estructura salarial adecuada. A pesar de la existencia de un plan de carrera, los ascensos no se reflejan en un aumento salarial. El agente civil, quien lleva 19 años trabajando en el Municipio de Ambato, explicó que su remuneración ha permanecido congelada durante más de una década.
El Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior emitieron la resolución 044, que establece un sistema de homologación salarial y la posibilidad de ascensos, pero con restricciones que limitan los beneficios de los trabajadores.
“Nos dicen que los ascensos salariales solo se implementarán a partir de 2027. Es una promesa que llega demasiado tarde para los miles de agentes que hemos estado esperando durante años”, comentó Lozada.
Falta de recursos y equipamiento
Además de los problemas salariales, los agentes denuncian serias deficiencias en recursos y equipamiento. La falta de acceso a armas no letales y el escaso material necesario para hacer frente a situaciones de riesgo pone en peligro tanto a los agentes como a los ciudadanos que deben proteger.
“La seguridad pública no se puede garantizar con un sueldo congelado y sin los insumos adecuados. Somos fundamentales para el control del espacio público y la seguridad ciudadana, pero nuestras manos están atadas por la falta de recursos”, añadió Lozada, subrayando la contradicción entre las expectativas gubernamentales y la realidad que enfrentan en su trabajo diario.
Esperan que la Corte Constitucional resuelva
Giovanni Lozada y sus compañeros buscan que la Corte Constitucional reforme los artículos inconstitucionales del COESCOP y emita medidas cautelares para proteger sus derechos. Las sentencias favorables en casos similares, como en Loja y Guaranda, les brindan esperanza de que finalmente se haga justicia.
“Queremos que el gobierno entienda que nuestra lucha no es solo por mejores salarios, sino por la seguridad de todos los ciudadanos. La seguridad pública comienza con la justicia para quienes trabajamos para garantizarla”, concluyó Lozada.