De otro lado, Alberto Acosta destacó que si el Gobierno cumpliera la sentencia de la CC y apagará los mecheros en la Amazonía, podría generar 200 megavatios que ayuda a la crisis energética.
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, consideró que las afirmaciones de ciertos analistas económicos y empresarios que intentan responsabilizar a la Constitución de Montecristi por la crisis energética, responden a intereses personales que buscan echar abajo la norma, porque de entrar en vigencia al 100% sus privilegios estarían en riesgo.
Acosta detalló que el mandato 15, expedido el 23 de junio de 2008, tenía como objetivo que el Estado asuma el control y manejo de los sectores estratégicos, entre ellos el eléctrico, pero también abre las puertas para que participe el sector privado.
“En la Constitución no hay limitaciones establecidas (…) De hecho, este rato ya tenemos proyectos concesionados al sector privado”, remarcó.
El exasambleísta ejemplificó con el proyecto Aromo que está en manos de privados y que debería generar energía solar con 200 megavatios, la fase 3 del proyecto eólico Villonaco con 110 megavatios, el de Imbabura con generación solar de 60 megavatios, la hidroeléctrica de San Jacinto con potencia de 50 megavatios, entre otros.
Corrupción en el sector eléctrico en los años 90
Alberto Acosta recordó que, a finales del Gobierno de Rodrigo Borja, el sector eléctrico vivía en un caos generalizado, a cuenta de establecer un mercado mayorista de electricidad.
Acosta detalló que en los años 90 se dividió a las empresas por generación y distribución. En aquello época se vivieron racionamientos, que bien se pudieron evitar con la construcción de plantas termoeléctricas, como lo sugería el entonces Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inece).
“El entonces presidente Sixto Durán Ballén asistió al directorio del Inecel y aprueba el plan pero desde el Consejo Nacional de Desarrollo, presidido por Alberto Dahik, al que le dan tribuna los medios, se le prohíbe que construya las plantes, justificando que esa obra tiene que hacerla el sector privado y ahí comenzó la dirección del mercado eléctrico mayorista”, contó.
El exasambleísta subrayó que las empresas de generación, de ese tiempo, eran impedidas de recapitalizar sus intereses y utilidades en proyectos para ampliar la operatividad, aduciendo que ese dinero iría a un fondo de solidaridad, para inversiones sociales que nunca se realizaron.
“Y a las de distribución se les obligaba a comprar la electricidad a un costo mayor del que vendían en sus tarifas. Se buscaba generar condiciones para privatizar y vender las empresas del sector público a precio de gallina enferma”, remarcó.
Es por esta razón, según Alberto Acosta, que nace el mandato 15 de la Constituyente de Montecristi para que sea el Estado que regule a los sectores estratégicos, a fin de evitar corrupción.
“Pero el mandato 15 no prohíbe la inversión privada, sino que puso en orden el sector energético”, reiteró.
Energía alternativa
Alberto Acosta instó a abrir el abanico para solucionar la crisis energética.
El exasambleísta sugirió, por ejemplo, que se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional que manda a apagar los mecheros y de esa manera usar ese gas para generar la electricidad.
“Transformado ese desperdicio de gas a dólares, porque representan USD 400 millones al año, y podría generar 200 megavatios”, remarcó.