De acuerdo a la Alianza por los Derechos Humanos (DD.HH.) del Ecuador, la Corte Constitucional ignora a las comunidades afectadas por el derrame de petróleo, retrasando justicia y reparación.
El 7 de abril de 2020, Ecuador vivió uno de los peores desastres ambientales de su historia: el derrame de 15.800 barriles de petróleo en los ríos Coca y Napo, como resultado de la rotura de oleoductos.
Este desastre, que afectó gravemente a las comunidades kichwas de la Amazonía ecuatoriana, ocurrió en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19 y, según expertos, era completamente evitable.
De acuerdo al pronunciamiento de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a pesar de las advertencias de los científicos sobre la erosión regresiva que ponía en riesgo la infraestructura del sistema de transporte de crudo, las autoridades y operadoras como Petroecuador y OCP no tomaron las medidas necesarias para evitar el derrame.
Desde entonces, las comunidades afectadas han solicitado justicia, pero la Corte Constitucional, que en 2021 declaró el caso como «novedoso y de trascendencia nacional», no ha convocado audiencias ni ha dado respuesta a las demandas.
Se explicó que más de cuatro años después, las comunidades siguen sufriendo graves consecuencias.
«La contaminación de los ríos persiste, afectando la salud física y mental de las personas, la agricultura, y la vida acuática. Los niños y niñas enfrentan un deterioro continuo en su bienestar, con efectos como ansiedad, depresión y enfermedades respiratorias», reza el pronunciamiento.
La Corte ha evitado abordar estos problemas, incumpliendo sus propios precedentes en materia de justicia intercultural. La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador exige que la Corte escuche a las comunidades afectadas, convoque una audiencia pública urgente y garantice medidas de reparación integral, conforme a los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
«Este caso refleja un grave incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales, y la comunidad internacional debe unirse a la exigencia de justicia para las víctimas del derrame y la naturaleza afectada. Le recordamos a la Corte Constitucional, a la comunidad internacional y a la sociedad ecuatoriana que justicia que tarda no es justicia«, concluyeron.
🚨 URGENTE
La @CorteConstEcu y @dsalazaca pretenden resolver la causa del peor derrame de la década 15.800 barriles de petróleo sin escuchar a las comunidades afectadas incumpliendo con estándares nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas
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— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) November 7, 2024