Por Andrés Durán
¿El trabajo sucio del gobierno reposa en las manos de un consejero presidencial?
Investigación.- Los acuerdos y las presiones tras bastidores entre el Ejecutivo, la justicia y la función de Control Social saltan a la luz. Uno de los presuntos operadores es Aparicio Caicedo, un doctor en derecho que desconoce la independencia de funciones y hombre de extrema confianza del presidente Lasso.
Los audios filtrados por Teleamazonas exponen el secreto peor conservado de los pasillos de Carondelet. No es una novedad, por el contrario, es un sumario de aparentes actos irregulares cometidos por Caicedo. Su presión o lobby se remonta, incluso, a la génesis del boicot al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Caciedo no es cualquier pelo de cochino, como dice el adagio. Se trata de uno de los pupilos del Jefe de Estado, supuesto creador del plan de gobierno y socio mayoritario del Instituto de Estudios Humanos, una empresa que vende y emplástica hasta cuadernos.
Al filo del horno se quema el pan
Caicedo dio su versión a Teleamazonas, él asegura que la vertiginosa caída del ex superintendente de Bancos, Raúl González, no se relaciona con presión alguna sobre la justicia, también descartó su amenaza. Entonces: ¿González cayó por la fuerza de las circunstancias? (AUDIOS FILTRADOS)
El pasado 27 de julio, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, aceptó la acción de protección presentada por Michelle Domenique Guerra de Andrés, en contra de la designación de González.
Michelle Guerra fue funcionaria pública de la Prefectura del Guayas hasta febrero de 2022. Su trayectoria profesional la efectuó en el sector público, pasó por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayas entre 2018 y 2019.
Para 2022 asumió como responsable de la gestión legal de la Prefectura del Guayas, ganaba anualmente USD 20.112. Aunque en sus declaraciones patrimoniales sus saldos siempre fueron negativos.
En 2018 comenzó con – USD 1.071 y para finalizar su gestión pública declaró un patrimonio favorable de USD 16,62. ¿Una exfuncionaria de la Prefectura del Guayas detrás de la denuncia contra González?
A Michelle Guerra se le concedió la acción de protección por una supuesta inconsistencia en el quorum, ella aduce que no existieron los cuatro votos favorables para la designación de Raúl González, lo cual es falso.
En la práctica, la resolución No. CPCCS-PLE-SG-017-2022-924 marcó un precedente en este complot.
Originalmente, la carta del gobierno para ocupar la Superintendencia de Bancos fue la pareja sentimental de la ex superintendente, Rosa Guerrero. Ella fue descartada por no tener título de tercer nivel en economía o áreas afines, a pesar de contar con 10 años de trayectoria. De igual forma sucedió con la segunda opción de Lasso, Doris Padilla, quien fue eliminada por no contar con los 10 años de experiencia profesional (VER DOCUMENTO).
[pdf-embedder url=»https://www.radiopichincha.com/wp-content/uploads/2022/08/RESOLUCION-No.-CPCCS-PLE-SG-017-2022-924-19-05-2022.pdf»]
La única opción que quedó de la terna enviada por Guillermo Lasso fue Raúl Agustín González Carrión. Hasta la fecha, se desconoce las razones del desprecio Ejecutivo hacia una figura propuesta por esta misma función.
¿La jueza de confianza de Hernán Ulloa?
En los pasillos del Cpccs se desconoce qué sucedió para obligarlo a recular al presidente Lasso y a su consejero Caicedo en la postulación de Raúl González. Pero vale dejar sentada la pregunta: ¿el presidente Lasso controla la justicia?
La jueza que falló en contra de González es Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón. Ibarra se inició en 2015 como secretaria en el Consejo de la Judicatura del Guayas, a finales de ese año asumió como jueza de la Unidad Judicial Sur de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
En 2017 Ibarra ingresó como jueza de primer nivel, con un salario de USD 49.968 anuales. En cinco años Ibarra percibió un ingreso salarial de USD 249.840, por lo que pagó USD 12.931 de impuesto a la renta. Sin embargo, su patrimonio a la fecha es de USD 37.555, la quinta parte de sus ingresos, según el reporte de Contraloría (VER TABLA).
Lo llamativo de este caso no se encuentra en los ingresos, impuestos o en el patrimonio de la jueza Ibarra. Lo entoldado de este suceso es que el 31 de marzo de 2022, Ibarra le entregó una acción de protección al actual presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, para que se quedará con la presidencia.
Sí, la misma jueza que falló en contra del ex superintendente González, favoreció a un partidario de Guillermo Lasso y actual presidente del Cpccs (VER VIDEO).
¡Qué viva el serrucho en la quinta función del Estado!
Se aprecia una aparente complicidad entre Hernán Ulloa y Aparicio Caicedo. De hecho, en marzo 2022, en medio de la disputa por la titularidad del Cpccs, el nombre de Aparicio, nuevamente, golpea el tablero.
El ex asesor de la destronada presidenta del Cpccs, Harry Gallo Plaza, denunció al consejero del presidente Lasso. Gallo aseguró que Caicedo y su asistente enviaban los perfiles y las carpetas de sus candidatos para designarlos en los concursos públicos como autoridades de control.
El gobierno tenía interés en apoderarse de la Contraloría, el CNE, al Defensoría Pública y las superintendencias, según Gallo (VER VIDEO).
El 17 de febrero se difunde una entrevista en el canal de youtube, Factores de Poder, según el relato del ex asesor de Sofía Almeida, Aparicio Caicedo preparaba las carpetas de los perfiles políticos del gobierno para apoderarse de todos los órganos de control del Estado.
Incluso, Gallo denunció a Caicedo como el promotor de las reformas a los reglamentos de selección para el nuevo Contralor General del Estado y otras autoridades. Casualmente, días después, dicho reglamento fue aprobado gracias al apoyo de la fuerza policial y la exministra de Gobierno, Alexandra Vela (VER VIDEO).
Como dijo un exfiscal de la nación: «todo gobierno necesita un fontanero». En una próxima entrega conocerás la vida y obra de Aparicio Caicedo.