La frecuencia 100.1 FM fue puesta en subasta en el concurso, a pesar de que el Estado no paga las liquidaciones a los extrabajadores.
Punto Noticias. Una resolución de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que impediría a la empresa Radio La Prensa TV S. A. continuar con el manejo de la frecuencia 100.1 FM, fue rechazada por parte de los extrabajadores de los medios incautados.
La Prensa es parte del grupo de medios incautados, que eran propiedad de exbanqueros y cuyo paquete accionario está bajo control de la Empresa Pública Medios Públicos. La frecuencia fue incluida en el concurso de renovación que impulsa el Gobierno.
Tres postulantes había para la frecuencia; Radio La Prensa TV S. A., en liquidación, fue descalificada por no cumplir con los requisitos mínimos. Édison Toro Calderón, gerente de la Empresa Pública Medios Públicos, presentó un reclamo administrativo ante la Arcotel.
La Agencia de Regulación consideró que la compañía Radio La Prensa TV S. A. presentó únicamente la declaración responsable de la representante legal de la citada compañía, no la declaración responsable de los accionistas, de forma individual.
Arcotel resolvió negar el reclamo administrativo interpuesto por Toro y ratificó el informe consolidado sobre la revisión de presentación de requisitos mínimos, el 30 de diciembre pasado.
La vocera de un grupo de exempleados de medios incautados, Margarita Constante, rechazó la resolución de Arcotel porque considera que ello provoca que se pierda la frecuencia. «La Prensa Sport 100.1 FM era una de las soluciones para el pago de nuestras liquidaciones. Sin que al Estado le cueste ningún centavo, se vendía y no solo se pagan las liquidaciones de sus extrabajadores, sino también de los compañeros de editorial Uminasa y Cablevisión«, reclamó.
El medio está en proceso de liquidación y mantiene deudas por pago de liquidaciones y seguro social con sus excolaboradores. Los exempleados de los medios incautados señalaron que la frecuencia no podía participar en el concurso hasta que el Estado cancele las liquidaciones.
Fuente: El Universo.