Una acción de protección desató una nueva pugna entre el Ejecutivo y Legislativo. El ministro de Gobierno, una asambleísta del oficialismo y el secretario de la Asamblea son los protagonistas de esta disputa.
Punto Noticias.-La Asamblea y el Ejecutivo se vuelven a enfrentar en la arena política. Pero esta vez, la justicia apareció como un nuevo actor en medio de esta pugna.
El conflicto surgió por una acción de protección que presentó la asambleísta Inés Alarcón, integrante de la bancada oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN).
El recurso se impulsó por el archivo de tres solicitudes de juicio político, en contra de exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso: Pablo Arosemena, exministro de Economía; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior; y Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública.
Alarcón presentó esta acción el 26 de julio de 2024, en una unidad judicial de Iñaquito, pero luego la retiró. El 8 de agosto, la volvió a ingresar en una unidad de Quitumbe.
Esta última acción de protección fue aceptada el 22 de agosto por el juez Edgar Romero. El magistrado dispuso al Parlamento que retome los juicios políticos archivados. Pero la Asamblea no acatará la orden.
El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, calificó a esta resolución como una «metida de mano en la justicia» y un acto de «corrupción judicial».
En este sentido, sentenció que no se cumplirá con la decisión del juez y anunció tres acciones:
- Denuncia en el Consejo de la Judicatura por error inexcusable contra Edgar Romero.
- Una denuncia penal por presunto prevaricato, contra el mismo juez, ante la Fiscalía General del Estado.
- Revisar las actuaciones de la asambleísta Inés Alarcón
🔴 #Atención || «Hoy el país ha sido testigo de un nuevo fraude a la Constitución y de una nueva metida de mano a la justicia», manifiesta el secretario de la @AsambleaEcuador, @AlejandroMunozH, tras la acción de protección concedida por un juez de Quito, para que se reactiven… pic.twitter.com/lzL04YJZGh
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 22, 2024
¿Qué dicen los expertos?
La abogada constitucionalista y máster en Comunicación Política, Ximena Ron, y el politólogo y coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi, recuerdan que existe una sentencia de la Corte Constitucional, que aborda el tema.
Se trata de la sentencia 122-22-JC/23, que establece que la justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos políticos, pues estos se deben resolver en la arena política y no trasladados a la esfera jurídica.
«Hay un error de análisis del juez. A través de una medida de reparación, no se puede imposibilitar el cumplimiento de una función constitucional, como es la fiscalización. De alguna manera, es una intromisión de una función de uno de los poderes del Estado», explica Ximena Ron.
Por su parte, Roger Celi puntualiza:
«Esta acción de protección entraría a revisión del Consejo de la Judicatura. El juez puede ser sancionado por error inexcusable. Jurídicamente, la Asamblea no debe acatar, porque está respaldada por la sentencia de la Corte Constitucional».
Finalmente, la Asamblea Nacional no acatará la decisión del juez y los tres juicios políticos archivados no se retomarán; mientras el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong. y la legisladora oficialista, Inés Alarcón, piden que se acate la orden del juez, que concedió esta acción de protección.
Los ecuatorianos están cansados del viejo país, hoy somos una generación que vino a poner pare y hacer respetar los debidos procesos por más incómodos que sean y se cumpla un verdadero rol fiscalizador. #LaCorrupciónCaducó#ElNuevoEcuadorResuelve pic.twitter.com/YRv35JRAkT
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 22, 2024