El legislador adjunto documentos de respaldo en su oficio.
Punto Noticias.- El asambleísta por la provincia del Guayas y miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pablo Muentes, envió un oficio a la directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel.
En el oficio el asambleísta mencionó que observó las copias “ilegibles” que Coronel remitió al abogado Humberto Moya Flores, notario del cantón Guayaquil. “Desde el departamento de Tics de la Asamblea Nacional, se demuestra que nunca remitieron dos correos el día 23 de noviembre de los corrientes, sino únicamente uno; como lo indiqué al CAL para que proceda conforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa por su incumplimiento”, indicó Muentes.
Y agregó que el 23 de noviembre recibió un solo correo por parte de la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura. Así adjuntó al oficio el Informe Técnico elaborado por la Coordinación General de Tics.
“Conozco a dónde recurrir para revisar información que es pública y notoria; sin embargo, no me prestaré para acudir ni como ciudadano, peor como representante del pueblo ecuatoriano a verificar o ser cómplice de simulación de actos y engaños para hacer ver que se cumple una ‘gestión’ que a todas luces es falsa”, mencionó el legislador. Y manifestó que se pedirá las explicaciones y justificaciones al abogado Humberto Moya.
Acciones
El legislador indicó que el Consejo de la Judicatura, internamente, determinó que la Dirección Provincial a cargo de Coronel existe falta de ejecución de la Planificación del año 2021. Además, que hay “falta de control interno, falta de gestión y mala administración de bienes”.
Ante ello, pregunta “¿cómo es posible que habiendo tanto detrimento en las instalaciones de las Unidades y Complejos Judiciales del Guayas y habiendo tenido un presupuesto asignado específico para ‘instalación, mantenimiento y reparaciones’ no se lo devengue por completo y sean los servidores judiciales y los usuarios quienes sufran las consecuencias?”.
Muentes señaló que estos hechos son “graves”, teniendo en cuenta que, conforme los artículos 90 y 98 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, “existe responsabilidad por la falta de ejecución del presupuesto asignado”.