Esta diligencia se da luego de la declaración de nulidad de la sentencia emitida en primera instancia, en la cual se ratificó el estado de culpabilidad de los policías.
Punto Noticias. Después de ocho meses de suspensión, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca convocó para este 10 de enero de 2022, a las 08h30, a la audiencia de juicio por el presunto delito de tortura, cometido el 31 de mayo de 2016 por integrantes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) mientras realizaban un operativo de requisa en el Pabellón de Mediana Seguridad “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.
Este 10 de enero se instalará por segunda vez la diligencia, debido a que el pasado 5 de abril de 2021, Cesar Fernando Pesantez, juez del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, decidió no instalar la audiencia porque no se garantizó las medidas de bioseguridad y por no estar presente una defensa de un procesado.
Esta diligencia se da luego de la declaración de nulidad de la sentencia emitida en primera instancia, en la cual se ratificó el estado de culpabilidad de los procesados por el delito de extralimitación de la fuerza en un acto de servicio. Esta resolución de nulidad provocó que la causa regrese a etapa de juicio y que el Tribunal de Garantías Penales analice nuevamente los hechos.
Los 42 procesados serán investigados por el delito de tortura, de acuerdo a la teoría del caso expuesto por la defensa. Además, como prueba testimonial se escucharán nuevamente los testimonios de las personas privadas de la libertad y de otros centros de reclusión.
Por parte de los policías procesados, se presentarán las pruebas documentales y periciales de las partes procesales y se escucharán los alegatos de la defensa técnica de estos.
Los hechos y la nulidad en el caso.
El martes 31 de mayo de 2016, cerca de las 10h00, ingresaron los miembros del UMO y del GIR al Pabellón de Mediana Seguridad “JC”, para realizar una requisa. Sin embargo, cerca de 200 personas privadas de la libertad fueron víctimas de golpes, toletazos, descargas eléctricas e incluso fueron obligados a desnudarse mientras les lanzaba gas lacrimógeno en el rostro.
Por estos hechos, el 30 de junio de 2016, el juez Juan Esteban Vélez Pesantez aceptó el hábeas corpus a favor de las 13 reos y ordenó siete medidas de reparación integral.
Y dentro del proceso penal, en noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 de los 42 policías imputados a 106 días y 16 horas. Esta sentencia fue apelada y en marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad del proceso, primero porque la Fiscalía acusó por el delito de tortura y el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 policías por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio; segundo, debido a que no se evidencia un debido cumplimiento con el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cuanto a la individualización de la responsabilidad de cada uno de los procesados; y tercero, porque no se incluyó en la sentencia la suspensión de la pena de los policías acusados.
Fuente: INREDH