La delincuencia organizada que se investiga estaría relacionada con la venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Punto Noticias: La audiencia en la que se resolverían los pedidos de revisión de la medida cautelar que pesa sobre Bryan Pérez y el ex presidente Abdalá Bucaram Ortíz, ambos procesados en la causa por delincuencia organizada que estaba dispuesta para las 15:00 de este jueves 17 de diciembre de 2020, fue diferida para el 30 de diciembre próximo.
Debido a razones de «fuerza mayor» de la jueza que lleva el caso y la actuaria del despacho en el que está el proceso penal, se cambió la fecha de la diligencia solicitada por los dos procesados
Ambas gozaraban de una licencia los días miércoles 16 y jueves 17 de diciembre de 2020 otorgada por Talento Humano de la Dirección Provincial de Pichincha, ya que deben asistir de manera obligatoria a una capacitación en el tema de garantías penitenciarias.
En este caso, el ex mandatario mantiene una orden de arresto domiciliario, mientras que Pérez tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente todos los viernes.
El 12 de noviembre último Bryan Pérez junto al israelí Sheinman Oren, la peruana Isabel M. y la ecuatoriana Verónica A. fueron los últimos vinculados en este caso quienes se sumaron a la instrucción fiscal en la que ya estaban procesados el ex mandatario, su hijo mayor, Jacobo Bucaram Pulley, y los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro B., Samuel S. y Clever A.
La madrugada del 13 de agosto de 2020 inició el caso contra Bucaram Ortíz y los tres agentes de la AMT, pero a los 90 días de instrucción fiscal ordenados se le sumaron 30 días más de investigación cuando, el 26 de septiembre pasado, se vinculó al proceso penal a Bucaram Pulley, quien fue expulsado de Colombia hacia Ecuador por temas migratorios.
El pasado domingo 13 de diciembre se cumplieron los 120 días de instrucción fiscal en esta causa en la que se analiza la participación de los nueve procesados en un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas» en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020″, según la acusación de la Fiscalía.
FUENTE: El Universo