La violencia contra los uniformados se ha recrudecido durante la gestión de Guillermo Lasso. Ante esto, más de 600 policías han solicitado la baja voluntaria en los últimos meses.
En los últimos años se ha producido un aumento de asesinatos a policías en el cumplimiento de su deber. Mientras en el 2020 se registraron cinco casos, el panorama se ha tornado más sombrío, desde enero de 2021 hasta finales de mayo de 2023, con un total de 107 miembros de la Policía Nacional, víctimas de la violencia criminal.
Las estadísticas son alarmantes: en el 2021, se reportaron 13 casos de policías asesinados, pero la cifra se disparó en 2022, con 62 uniformados asesinados. Desafortunadamente, en el 2023, el panorama tampoco es alentador, ya que hasta la fecha, 32 policías han sido víctimas de asesinato a manos de delincuentes.
La provincia de Manabí fue escenario del último y trágico incidente, ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando un agente identificado como Henry Bermeo fue atacado a tiros en un bus interprovincial en Jipijapa, mientras se dirigía hacia su hogar en Portoviejo. El agresor, además de arrebatarle la vida al sargento Esmeraldas, se apoderó de su arma reglamentaria, sembrando el pánico entre los pasajeros.
Las autoridades sostienen que han tomado medidas para enfrentar esta creciente ola de violencia. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que cinco sospechosos involucrados en el asesinato del policía fueron capturados y puestos a disposición de la justicia. Sin embargo, la mayoría de los uniformados ha perdido la vida en operativos antidelincuenciales, siendo víctimas de disparos de armas de fuego o ataques con cuchillos.
Una excelente e inmediata labor desplegada por @PoliciaEcuador permitió la captura de los presuntos responsables de la muerte violenta de nuestro compañero policía Henry Bermeo en #Manabí.
Ahora están en manos de la justicia. No permitiremos que exista impunidad en este caso. pic.twitter.com/G52Xh1B1t4
— Juan Zapata (@CapiZapataEC) May 30, 2023
Las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí han sido las más afectadas por los asesinatos a policías. Hace pocos días, el 23 de mayo, se sumó un caso más, el del cabo segundo Andrés Sánchez Pincay, de 32 años, quien fue víctima de un ataque. Lo acribillaron mientras patrullaba en Flor de Bastión, Guayaquil.
A pesar de sus intentos por escapar, los criminales que se desplazaban en una motocicleta le dispararon, acabando con su vida en el cumplimiento de su deber.
Más de 600 solicitudes de bajas voluntarias
La crisis que atraviesa la Policía Nacional parece ser insostenible. Tras la difusión de una publicación en Facebook, que alertaba sobre la renuncia de más de 400 policías en tan solo un mes (marzo de 2023), solicitamos una declaración al comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, sin obtener respuesta.
Sin embargo, las renuncias están documentadas en informes de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional, a los que Radio Pichincha tuvo acceso. Son 691 renuncias de policías, entre el 2 de marzo y el 29 de abril de 2023. Dichos documentos llevan la firma del comandante Salinas.
Los miembros de la Policía pueden permanecer en la institución hasta 36 años, pero muchos solicitan su baja voluntaria apenas cumplen 20 años de servicio. Los rangos en los que se han presentado más solicitudes de baja son los de sargento primero y sargento segundo, en el nivel técnico operativo.
El cese voluntario de cargo y función está respaldado por los artículos 110 y 111 del Coescop, que establecen: «Art. 110.- Cesación.- La cesación es el acto administrativo, emitido por la autoridad competente, mediante el cual los servidores policiales son separados de la institución, dejando de formar parte de la organización institucional».
Así también, en el artículo 111 se enumeran las causas para la cesación. En su primer numeral se indica que el proceso puede iniciarse por «solicitud voluntaria formalmente presentada».
Ante la falta de efectivos policiales, el pasado 10 de abril, el Comando General de la Policía Nacional dispuso el despliegue temporal de 332 policías administrativos a Guayaquil, durante 60 días, a partir del 12 de abril.
Este grupo incluye técnicos en seguridad de instalaciones, conductores de vehículos pesados, asistentes de registros educativos, custodios administrativos, analistas de contabilidad, analistas jurídicos y operadores de compras públicas. La orden fue firmada por el general Henry Tapia, director de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional.
Uno de los miembros de la institución, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, informó sobre el clima de incertidumbre entre los policías, quienes son utilizados, según el uniformado, como «carne de cañón» frente a la delincuencia.
Según este oficial de la Policía Nacional, las renuncias masivas son una respuesta a la falta de garantías por parte del Estado.
«No contamos con chalecos antibalas. Las autoridades han prometido adquirirlos, pero hasta la fecha no se ha concretado. Mientras tanto, muchos compañeros se enfrentan a la delincuencia en una total indefensión. Incluso nuestros patrulleros no funcionan. Los rangos bajos son los más afectados», relató.
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