Punto Noticias. El Ejecutivo impuso su veto a 18 artículos del proyecto de reformas al Código de la Democracia, aprobado por la Asamblea Nacional.
Prevención de la violencia política de género, la participación equitativa de las mujeres en los procesos electorales, control del gasto electoral, cambio en el sistema de asignación de escaños, obligatoriedad de los debates, son asuntos que contiene la propuesta de normativa.
Las observaciones del Gobierno mereció el respaldo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, porque, a su criterio, el mandatario está de acuerdo con los temas de fondo, necesarios para el sistema electoral.
A decir de la funcionaria, las observaciones del Ejecutivo ayudan a mejorar los derechos de participación política y esclarece las reglas como en el tema de los incentivos que se podrían dar a las alianzas, o sobre las funciones que deberán tener las autoridades en el exterior, como los consulados, para la difusión y promoción de las candidaturas.
Para Atamaint “son aspectos fundamentales, como por ejemplo, el padrón pasivo, que nos ayuda a tener reglas claras para llegar a las elecciones del 2021 y de esa manera garantizar mayor transparencia en el proceso”.
La titular del CNE espera que la Comisión de Justicia de la legislatura tramite lo más pronto posible el veto presidencial, de manera que el Pleno pueda votar el texto y este sea publicado en el Registro Oficial antes de que finalice este mes, con el objetivo de preparar las próximas elecciones con las nuevas reglas.
El consejero Luis Verdesoto se sumó al respaldo de las objeciones y las calificó como convenientes y adecuadas, ya que en el texto remitido a la Legislatura propone instalar los distritos electorales en Pichincha, Guayas y Manabí “lo que permitirá el funcionamiento eficiente de la fórmula Webster y, consecuentemente, restituir el sistema proporcional posible, con inclusión de minorías en resguardo de la disposición constitucional”.
En el entendimiento de Verdesoto está que la objeción parcial contempla normas mínimas para “evitar travesuras fraudulentas en la contabilidad electoral”.
El Parlamento Nacional tiene 30 días de plazo para, en un solo debate, allanarse en todo lo observado o en parte; o ratificarse en el proyecto aprobado inicialmente, una vez que el Ejecutivo remitió su objeción parcial,
“Si la Asamblea no considera la objeción o no se ratifica en su texto, en el plazo señalado, se entenderá que se allanó a esta” y el Presidente dispondrá su publicación en el Registro Oficial, señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Fuente: La Hora