La asambleísta Poly Ugarte, del PSC, propuso que el Pleno legislativo apruebe una resolución mediante la cual se le convoque al presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinoza, a que comparezca a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, con el fin de que responda a la nota técnica de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que alerta sobre un posible desfinanciamiento de los fondos que administra el Seguro Social.
Que se realice una evaluación actuarial integral externa e independiente del IES; que se conforme un comité tripartito: trabajadores, gobierno y empleadores, para que recabe información sobre la realidad financiera del IESS; y, que se vuelva a establecer la obligatoriedad de que el Estado aporte con el 40% para el seguro de pensiones, planteó la parlamentaria.
En el mismo tenor, el legislador César Rohón, también socialcristiano, propuso que se le obligue al presidente del Consejo Directivo del IESS a que concurra a la Asamblea Nacional con los estados financieros del Seguro Social, como manda la ley.
“En septiembre y en marzo tiene que presentarse los estados financieros del IESS, para saber cómo está, para saber cómo van las cosas, para ver cómo están las finanzas, para saber si hay dinero o no; esta es una herramienta básica, elemental de la administración”, apuntó el parlamentario.
Estas propuestas fueron negadas por parte de la mayoría legislativa, que conforma el bloque de Alianza PAIS, así como otro planteamiento, del parlamentario Jaime Olivo de Pachakutik, sobre un exhorto al presidente de la República para que derogue el decreto que creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
“Hay graves presunciones de que esta secretaría ha servido para dar seguimiento a muchos funcionarios, inclusive del mismo régimen anterior y actual, y a muchas personas, luchadores, organizaciones sociales, tratando de sacar información de manera ilegal e inconstitucional”. Argumento que fue desoído por los legisladores del oficialismo.