Hace 22 días que unas 200 familias están acampadas en la Plaza de Armas de la capital paraguaya, Asunción, a pocos metros del Congreso. Otro grupo acampó frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena para exigir “justicia” para las comunidades indígenas y denunciar el “abandono total del Estado”.
Ángel Vera, coordinador general de la Federación Guaraní, que articula a nueve asociaciones de comunidades indígenas de distintos departamentos de la región oriental de Paraguay, aseguró que las comunidades no son defendidas del “despojo de sus tierras”, que sufren de parte de las compañías que cultivan soya transgénica.
Los representantes indígenas señalaron a la titular del Indi, Ana María Allen, como responsable del abandono al “no saber su función” y dejar que los jueces y fiscales comprados ejecuten las tierras ancestrales y se las entreguen a los latifundistas brasileños que cultivan soya.
Los indígenas sostienen que el Indi “no respeta la propiedad ancestral” de la tierra y que “se hicieron títulos falsos”, puesto que no cumplen con la reglamentación por la que a las comunidades no se las puede embargar, enajenar, utilizar como garantía o cederle las tierras a terceros.
El mayor reclamo es por el incumplimiento de las leyes que protegen a las comunidades y al hábitat y piden el apartamiento de Allen, que en caso de que sigan sin escuchar el pedido, advirtieron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También denuncian que los cultivadores de soya contratan a pistoleros que disparan sobre las comunidades para quedarse con sus tierras, ante la pasividad estatal.