La legislación ecuatoriana ya sanciona con cárcel a quienes cometen actos ilícitos, pero algunos candidatos buscan una depuración exhaustiva del sistema de justicia.
Punto Noticias.- Ante un sistema de justicia aquejado por prácticas de corrupción, los candidatos a la Presidencia de la República proponen «mano dura», como la cárcel para los jueces corruptos, algo que ya se aplica con los casos Metástasis, Purga y Plaga.
Son 21 jueces procesados en estos casos por delincuencia organizada, al haber prestado sus servicios a favor del narcotraficante Leandro Norero y sus familiares, de un exasambleísta y hasta de privados de la libertad que solicitaban beneficios penitenciarios.
Es así que, a pesar de la investidura de jueces, sus actuaciones no estuvieron apegadas a la ley. Incluso, algunos son procesados en más de un caso.
Johan Marfetán, por ejemplo, es parte procesal en los casos Metástasis y Purga. Mientras, Ángel Lindao es procesado por Metástasis y Plaga (Ver * en cuadros).
Las propuestas de los candidatos
Iván Saquicela, candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento Democracia Sí, ofreció “cárcel para los jueces corruptos” y anunció que solicitará la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para modernizar y fortalecer el sistema de justicia.
Su experiencia como presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), le hizo sustentar su plan de acción en el sistema judicial para combatir la corrupción.
Una propuesta también ligada a los jueces fue la de la candidata a la Vicepresidencia, Blanca Sacancela, del Movimiento Creando Oportunidades (CREO). Aunque luego la corrigió, en primera instancia- planteó la pena de muerte para los jueces corruptos que liberan a los delincuentes y no piensan en los ciudadanos.
Sacancela expresó que no quiso decir eso, sino que se debe implementar la cadena perpetua. Sin embargo, cualquiera de estas dos acciones para sancionar está fuera de la legislación ecuatoriana y representarían una regresión de derechos.
Mientras, Luisa González, candidata a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, ofreció la depuración de jueces y fiscales corruptos del sistema judicial.
Lo expuesto por Saquicela es más viable, al igual que lo manifestado por González.
La cárcel para los jueces ya existe
Si bien Radio Pichincha intentó contactarse con la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, se nos indicó que la agenda está complicada para responder durante esta semana.
Por otra parte, el exjuez nacional Walter Macías mencionó que lo expuesto por los candidatos, es solo demagogia, porque la ley en actos de corrupción que involucren a jueces o juezas, ya estima que debe existir cárcel si modifican su actuar a conductas penales, por ejemplo, cohecho, y concusión si existe una coima, dádiva o requerimiento de dinero u otro beneficio.
Añadió que otro ejemplo es que los jueces aprovechándose del cargo cometan tráfico de influencias para obtener un beneficio propio o para un tercero.
Comentó que, si se desnaturalizan los procesos de garantías jurisdiccionales, la Corte Constitucional estableció que se puede cometer prevaricato.
Incluso, por los fines de una agrupación delictiva, eso podría configurarse en la conducta penal de delincuencia organizada como ya sucedió con casos como: Metástasis, Purga, y Plaga, donde se investiga en esa vertiente e incluso existe sentencia condenatoria en el primer caso.
Todo esto sin perjuicio, que estos servidores judiciales sean sancionados disciplinariamente por el Consejo de la Judicatura (CJ), como órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial.
Discurso político
Con ese antecedente, Macías señaló que el discurso político suena popular, porque ya existe sanción de cárcel para los jueces corruptos e incluso para fiscales, o cualquier otro servidor judicial.
El Código Integral Penal (COIP) es la normativa que sanciona la parte delictiva. Mientras, el Código Orgánico de la Función Judicial, las faltas administrativas.
“Ya existen sanciones en ambos sentidos. No es nada nuevo. Es querer inventar el agua tibia y aprovecharse del momento sensible que vive el país por la desconfianza en la Función Judicial”, señaló.
Los jueces y los procesados
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, aclaró que tampoco se les puede endilgar a los jueces las responsabilidades que cometan los procesados.
Sostuvo que cada delito va a la par de una conducta y, por lo tanto, los actos que se cometen son personales y no se puede desplazar esa responsabilidad a otra persona.