Señalan que el monto anual que da el Estado a casas de acogida es de $126,948, “aporte parcial de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida”.
Punto Noticias. La Red Nacional de Casas de Acogida rechazó las declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien llamó, en una reunión virtual de último momento, a “resistir”, para mantener los servicios de atención a cuenta y riesgo de las organizaciones.
La Red reclamó, en un comunicado, que Ordóñez no se comprometió “al financiamiento de los meses previos a la firma de posibles convenios de cooperación”.
Lamentan que esta entidad no garantice la atención ininterrumpida a sobrevivientes y víctimas de la violencia basada en género en las Casas de Acogida con quienes tiene convenios de cooperación vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.
Ayer, en un comunicado, la Secretaría de DD.HH anunció que, hasta el momento, se ha cancelado los valores correspondientes al 2021, tras varias semanas de reclamos por parte de las organizaciones. Además, dijo que el presupuesto 2022 se encuentra ya adjudicado y se dará a conocer la fecha de la convocatoria pública para la suscripción del nuevo convenio para el financiamiento de cinco casas de acogida y 16 centros de atención integral gestionados por organizaciones de mujeres.
Sin embargo, el pedido a resistir se dio en el marco de una reunión virtual urgente, convocada a última hora de ayer 28 de diciembre.
“Las Casas de Acogida al no contar con los recursos suficientes, se verán en riesgo y, algunas incluso estarán obligadas a cerrar, con lo cual mujeres sobrevivientes de violencia junto con sus hijas e hijos, estarán privadas de espacios seguros y protegidos. Lejos de asumir la responsabilidad que tiene el Estado Ecuatoriano de garantizar la atención y protección a las víctimas de la violencia, de forma indolente, Bernarda Ordoñez transfiere a la sociedad civil este mandato obligatorio del Estado. RESISTIR es la sugerencia que hace al personal de atención en Casas de Acogida, frente a la no garantía de recursos por parte del Estado”, reclaman las organizaciones.
Los servicios de las casas de acogida son costosos porque se trata de una atención integral que protege la vida de las mujeres, sus hijas e hijos, que han sido víctimas de la violencia. ¿Podemos cuantificar el valor de la vida de las mujeres? Siempre ha sido URGENTE Y NECESARIO una alianza entre varios actores, incluida la cooperación internacional para sostener los servicios de acogimiento. Sin embargo, es el Estado Ecuatoriano con las instancias correspondientes, quien debe asumir su rol fundamental e intransferible en este tema.
Señalan que, aunque el aporte desde el Estado a las casas de acogida no cubre los costos del 100% de los servicios, es necesario el mantenimiento de estos acuerdos y alianzas para garantizar la sostenibilidad y la apertura de los servicios.
La Red detalló el presupuesto necesario para brindar lo servicios. Explicó que el presupuesto destinado por el Estado para casas de acogida cubre el pago de salarios de las profesionales (7 personas); $2 por día en alimentación para cada persona que está acogida; algo para capacitación y prevención; y, un pequeño presupuesto, para movilización y suministros de limpieza.
Mientras que los pagos de luz, agua, internet, teléfono, vestimenta, vituallas, alimentación -cinco comidas diarias para cada persona-, implementos de bioseguridad, mantenimiento de espacios, muebles, enseres de cocina, baño y dormitorios, materiales educativos, medicinas, infraestructura, movilización, etc., lo gestionan las organizaciones.
El monto anual recibido como aporte del Estado para casas de acogida es de $126,948, que es un aporte parcial de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.