El Tribunal entró en la fase de deliberación y dará a conocer -de manera oportuna- la fecha y hora para anunciar su resolución.
Punto Noticias.- El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, informará de manera oportuna el día y la hora para anunciar su decisión si condenan o no a los 11 procesados en el caso las Torres por delincuencia organizada.
Fueron 45 días en los que los magistrados escucharon a las partes procesales en sus exposiciones de las pruebas de cargo y descargo, alegatos y réplicas.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó la pena de trece años y cuatro meses para el excontralor subrogante, Pablo Celi; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, ya que durante todo el proceso los consideró líderes de la organización.
Para la exasesora de la gerencia de Petroecuador, Natalia C., y el exgerente de Refinación de la estatal petrolera, Daniel O., solicitó nueve años y cuatro meses de privación de libertad.
Mientras, para Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. pidió la pena de siete años de prisión. La Fiscalía solicitó esta condena de acuerdo al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), primero y segundo inciso, respectivamente (líderes y colaboradores), junto con las circunstancias agravantes previstas en el mismo cuerpo legal.
Por otro lado, en virtud de su cooperación eficaz, la entidad pidió la pena reducida de seis meses para la procesada Martha B.
La solicitud se fundamentó en la evacuación de 55 pruebas -entre testimonios, pericias y pruebas documentales- con las que para la institución se demostró la existencia del delito de delincuencia organizada, con la participación de algunos funcionarios públicos de la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República.
Según la Fiscalía, los procesados se plantearon el objetivo de beneficiarse de recursos económicos a partir del pago de la factura N° 307 que la estatal petrolera debía a la empresa Nolimit, a cambio de recibir un porcentaje del monto pagado. Los integrantes de esta estructura usaron el sistema financiero internacional para realizar sus transacciones económicas ilícitas.
El delito se habría configurado entre el 2017 y 2020. En esa época, para la Fiscalía, se implementó un mecanismo -con el cual- a través del desvanecimiento de glosas se obtenía el 20% de una factura de más de USD 20′000.000 que Petroecuador debía pagar a la empresa Nolimit.
Una vez concluida la audiencia de juzgamiento, el Tribunal entró en la etapa de deliberación, luego de lo cual se convocará a las partes procesales para comunicar su resolución.