Las solicitudes habrían sido antes de que conozca de la investigación en su contra y los cuales constarían en chats que mantenían como autoridades. Para Celi, la fiscal cometió una falta de lealtad institucional.
Punto Noticias.- El día 38 de la audiencia de juicio en el caso Las Torres fue polémico por las acusaciones que hizo el excontralor subrogante, Pablo Celi, contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Celi dijo que cuando fue contralor, Salazar le hizo pedidos específicos y que eso consta en los chats que mantenían como autoridades. Sin embargo, en este punto el exfuncionario no pudo ahondar porque fue observado por el Tribunal de Juzgamiento integrado por el juez Walter Macías (ponente) y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, al no ser parte del proceso.
Celi usó su testimonio para defenderse de la Fiscalía que lo acusa como uno de los líderes de una red que estableció -entre 2017 y 2020- un mecanismo para a través del desvanecimiento de glosas obtener el 20% de una factura de más de USD 20′000.000 que Petroecuador debía pagar a la empresa Nolimit.
Durante su intervención, el excontralor subrogante acusó a Salazar de haber tejido una confabulación penal en su contra, la cual la habría liderado.
Incluso, increpó a la fiscal de cometer al menos seis delitos: calumnias, uso doloso de su nombre, detención ilegal, uso ilegal de recursos públicos, fraude procesal y falso testimonio.
Celi se autocalificó como víctima, por lo tanto inocente en este caso. Recordó que pese a que la investigación se inició en 2019, él se enteró recién el 13 de abril de 2021, cuando fue detenido, de madrugada, en su domicilio en Quito.
Para Celi fue notorio un cálculo político, ya que su detención ocurrió dos días después de las elecciones presidenciales en las que Guillermo Lasso llegó a la Presidencia. Celi alega que se buscaba su proscripción como autoridad de control y echar abajo sus decisiones.
Aprovechando que Salazar es la fiscal que lleva el caso, la cuestionó por falta de lealtad institucional. Con ello, Celi se refirió a que un día antes (12 de abril de 2021) conversó normalmente con ella sobre los resultados electorales y no le notificó con la investigación que ya estaba tejiéndose en su contra.
Marcelo Ron, abogado de Celi, agregó que en período de pandemia todo era a través de correos o chats y que eso fue precisamente lo que su cliente indicó al Tribunal.
Ante los magistrados, el excontralor reclamó a Salazar del por qué no desmaterializó los chats que mantuvo con él, ya que sí lo hizo con los de todos los funcionarios de Contraloría, en el marco del proceso por delincuencia organizada.
En diálogo con Radio Pichincha, el jurista señaló que no van a interponer ninguna acción legal en contra de Salazar por este caso y más bien recalcó que Celi demostró cómo se fraguó el proceso y cómo la fiscal en un día montó el caso en su contra.
Ron dijo que Salazar se quedó callada a pesar de que conversó con Celi cuando debió avisarle de la investigación en su contra y que incumplió con la normativa.
El artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, referente a las Funciones de la Fiscalía, en su numeral 3 establece que la Fiscalía deberá notificar sobre las investigaciones. Sin embargo, Ron expresó que no lo hicieron para proceder con informes policiales, así como con una mal utilizada asistencia penal internacional, en la que no se haría referencia ni a Celi ni a la Contraloría porque se referiría a temas concretos de Nolimit.
Ron comentó que su cliente hizo alusión al caso expuesto en Estados Unidos de lavado de activos en contra de Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes serían protegidos por la Fiscalía para perseguirlo. Incluso, dijo que Celi señaló a accionistas y directivos de Nolimit.
Celi también atacó a Luis Miño, funcionario de 25 años de trayectoria en la Contraloría, a quien le encargó el despacho de Contralor cuando se firmaron los desvanecimientos de glosas de Nolimit. En su versión, Miño aseguró que firmó el desvanecimiento de esas glosas por orden verbal del propio Celi, pero ayer el excontralor negó la aseveración.
El abogado de Celi, además, contó que su representado mencionó que Miño al ser funcionario de carrera conocía perfectamente los hechos y que más bien es utilizado por la Fiscalía para rendir un testimonio sin ningún fundamento.
“Si no estaba de acuerdo con firmar un documento, él tenía la opción de oponerse a firmar y no pasaba nada y debía ser por escrito y eso no existe. No hay la oposición”, expresó Ron.
Durante la audiencia, Celi se refirió a Miño como Tartufo, en referencia a la obra de Molière, que habla de un falso devoto de la iglesia, que traiciona a los otros personajes.
Con la intervención de Celi, su defensa terminó ayer la práctica de la prueba que para Ron fue contundente porque se demostró que las resoluciones no fueron firmadas por su cliente, que no ha dado instrucciones y que Miño actuó como un funcionario de carrera.