La Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio en contra de 36 personas por el presunto delito de delincuencia organizada.
Punto Noticias.- Para el próximo 12 de agosto, a las 10:00, está previsto que se realice la audiencia preparatoria de juicio del Caso Metástasis por presunta delincuencia organizada.
Con el fin de garantizar la comunicación con las personas procesadas y un efectivo control judicial, el juez nacional Manuel Cabrera dispuso la comparecencia presencial de los 36 procesados.
Cabrera pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) que adopte las medidas que sean necesarias para que los procesados que tienen orden de prisión preventiva estén presentes en la audiencia preparatoria de juicio.
🛑#Atención | La audiencia preparatoria de juicio del #CasoMetástasis se llevará a cabo el día lunes 12 de agosto de 2024, a las 10:00, contra 36 procesados. Al principio, 52 personas estaban procesadas, pero 13 se acogieron a procedimiento abreviado y a tres la #Fiscalía se… pic.twitter.com/u9zpowGlV4
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 6, 2024
36 personas, convocadas a audiencia preparatoria de juicio
En la diligencia, la Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio contra las 36 personas, entre las que está el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Al principio, 52 personas estaban procesadas, pero 13 se acogieron a procedimiento abreviado y ya fueron sentenciadas. Mientras, la Fiscalía se abstuvo de acusar a tres.
La investigación
El caso Metástasis surgió tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, registrado el 3 de octubre de 2022.
La Fiscalía investigó 15 teléfonos celulares que habrían pertenecido a Norero. En los dispositivos electrónicos se descubrieron chats que Norero mantenía con sus abogados y otros colaboradores para conseguir fallos judiciales a su favor.
La red liderada por Norero estaba conformada por jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, abogados, entre otros.
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de siete a 10 años a quien lidera una estructura de delincuencia organizada. Mientras, la pena para los colaboradores es de cinco a siete años.