El testigo protegido de la Fiscalía, Xavier Armijos, señaló que algunos de los 31 procesados en esta causa, seguían las instrucciones de grupos delictivos organizados y añadió que se pagaba a los jueces de acuerdo al caso.
Punto Noticias.- El testimonio anticipado de Xavier Armijos, exfuncionario de la Cárcel de Turi, en Azuay, y testigo protegido de la Fiscalía en el caso Plaga, develó cómo los jueces eran escogidos por las bandas delincuenciales de un listado organizado por regiones y según sus requerimientos.
El caso Plaga se inició el 3 de abril de 2024, cuando la Fiscalía realizó allanamientos en ocho provincias y detuvo a 14 personas. Luego, el 29 de junio detuvo a 17 personas más, acusados de “secuestrar el sistema judicial”.
31 procesados
En total son 31 procesados, entre jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, que integraban la red delictiva que se encargaba de captar a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores.
La estructura se dedicaba a captar a personas privadas de libertad (PPL) sentenciadas o con prisión preventiva -por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros- para ofrecerles recuperar su libertad de forma ilegítima mediante acciones constitucionales que se tramitaban en Santo Domingo, Azuay, Chimborazo y Pichincha.
Se valían de argucias y abuso del Derecho, aparentando legalidad en las acciones que realizaban. Estas acciones incluían la adulteración de certificados médicos y la construcción de arraigos falsos para otorgar libertad a miembros de los grupos de delincuencia organizada (GDO).
Por esos “favores”, se ofrecían a cambio altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.
Los nexos con otros casos
Los casos Metástasis y Purga abrieron el camino para Plaga. Algunos de los procesados prefirieron hablar y así exponer cómo se manejaban con los jueces. Uno de ellos fue Armijos.
El testigo protegido de la Fiscalía indicó cómo se canalizaban los pagos a varias personas y quiénes eran los enlaces.
Según Armijos para esta área estaban destinados: Pedro I., Sebastián A. y Jorge I., éste último era quien recibía el dinero de las personas que iban a salir en libertad y lo entregaba a Pedro I.
Aunque Jorge I. estaba privado de la libertad manejaba el dinero a través de la cuenta de su esposa.
También Jorge I., trabajó con Lenin Vimos, uno de los líderes de la organización, y con el exjuez de Portoviejo, Banny Molina, ya sentenciado por prevaricato y usurpación y simulación de funciones. Actuaba como un facilitador del dinero a varios funcionarios.
La entrega de dinero a jueces
Armijos añadió que a los jueces se les entregaba distintos montos. La cantidad dependía de cuánto Lenin Vimos quería pagarles.
Contó que Vimos cobraba entre USD 15.000 y USD 25.000 y hasta USD 30.000 o USD 40.000, dependiendo del caso. Si era de menor escala, la suma era de USD 10.000 o USD 15.000. De esa cantidad, él daba USD 5.000 al juez y se quedaba con la mayor parte.
Así era como se tramitaban las medidas cautelares solicitadas por las PPL para salir libres. Como enlaces estaban Jorge I. y Pedro I.
De este último, Armijos señaló que era quien “realizaba la petición y tomaba contacto con el ayudante judicial del entonces juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo (sentenciado en el caso Metástasis), donde subían los formatos ya elaborados y se daba trámite.
Armijos señaló que cuando llegaban a los Centros de Privación de Libertad, se verificaba o se hacían informes; salía el privado de la libertad y, enseguida el secretario o el ayudante de donde salía la boleta, ocultaba la medida en el sistema para que no se verificara más.
La distribución del trabajo entre «jueces suicidas»
Xavier Armijos señaló que Pedro I. manejaba Santo Domingo y Huaquillas, ya que también fue director de algunos Centros de Privación de Libertad, por lo cual tenía muchos contactos e influencia en el sistema judicial y en otros ámbitos.
Él manejaba la parte de la Costa. Mientras, Banny Molina se encargaba de Guayaquil y de la cárcel El Rodeo (Manabí) y Lenin Vimos gestionaba las cárceles de la Sierra.
Al no tener más “jueces suicidas” como los calificó Vimos a los magistrados abiertos a cometer ilegalidades, Banny Molina y Pedro I. lo ayudaban con el tema de alguna salida.
Vimos, quien también confesó ser parte de la organización, afirmó que cerca de 50 liberaciones consiguieron.
Instrucciones de grupos delictivos
Por otra parte, Armijos señaló que varios de los procesados seguían las instrucciones de grupos delictivos organizados.
Por ejemplo, señaló que Lenin Vimos obedecía a los intereses de la organización delictiva identificada como ‘Los Lobos’; Banny Molina a ‘Los Choneros’; y uno de los funcionarios judiciales, identificado como Robinson M., trabajaba para los ‘R-7’.
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 13, 2024