Los abogados de las partes procesales solicitan la revocatoria de la prisión preventiva y que se tomen en cuenta otras medidas alternativas.
Punto Noticias.- El Tribunal de Apelación integrado por los jueces nacionales Julio Inga (ponente), Mercedes Caicedo y Marco Rodríguez decidirá si concede o no el cambio de la prisión preventiva solicitada por la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y ocho personas más.
El pasado 5 de marzo, el juez nacional Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra de la exfuncionaria, quien junto con 24 personas más es procesada en el caso Purga, por presunta delincuencia organizada.
Desde esa fecha hasta hoy, son cinco meses que han transcurrido para que se instale la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada, principalmente, por Gallardo.
Fabiola Gallardo, parte de la presunta red
El caso Purga se deriva de Metástasis, también por presunta delincuencia organizada. La investigación se centra en el sistema de justicia de la provincia del Guayas que, según la Fiscalía, fue manejado por el exasambleísta Pablo Muentes (procesado) y Gallardo.
Muentes al tener contactos en la Corte del Guayas, se habría beneficiado con fallos no solo en el caso con el Banco del Pacífico, sino con expropiación de tierras.
La Corte del Guayas, en la mira
La Corte del Guayas, al mando de Gallardo, también habría beneficiado a personas privadas de libertad y hasta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de cambiar el piso del salón de la Presidencia de la entidad judicial.
La relacionista pública y asesora en Comunicación de Gallardo en la Corte del Guayas, Mayra Salazar (sentenciada a 15 meses en el caso Metástasis) fue clave en esta investigación, al entregar a la Fiscalía la información que permitió abrir el caso.
Abogados piden revocatoria de la prisión preventiva
El primero en comparecer fue el abogado Pedro Bermeo, en representación de la procesada Ruth Solano.
Durante su intervención, el jurista dijo que su cliente está privada de la libertad de manera injusta, por lo que pidió se le cambie la prisión preventiva y se determine de ser necesario una medida sustitutiva o se la deje libre.
El siguiente en participar en la diligencia fue el abogado Héctor Gabriel Vanegas, en representación de Gallardo.
Vanegas sostuvo que no existe motivación legal para disponer la orden de prisión preventiva en contra de su cliente, por lo que cuestionó el hecho de que la Fiscalía considere que no se pueden dictar medidas alternativas como: presentación periódica, prohibición de salida del país o uso del grillete electrónico.
En ese sentido, pidió que se revoque la prisión preventiva y se dicten medidas alternativas. Lo mismo solicitaron los abogados del exjuez Guillermo Valarezo.
Fabiola Gallardo, entre los procesados
Fabiola Gallardo fue expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, gracias al trabajo de su entonces asesora Mayra Salazar, que era financiado por Pablo Muentes.
La exfuncionaria habría intervenido en varias decisiones judiciales e incluso habría recibido por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército la remodelación del piso del salón de la Presidencia de la Corte.
De igual manera, la Fiscalía la cuestiona por cambiar a uno de los jueces en el caso Banco del Pacífico para beneficiar a Muentes, así como habría querido contactar a José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de ‘Los Choneros’.
Los otros procesados:
- Ruth Solano (fue procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y quien planteó la acción de protección contra la Empresa de Obras Públicas de Quito. Hizo una transferencia de USD 1.400 a Mayra Salazar para la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte del Guayas).
- Guillermo Valarezo (fue uno de los jueces del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su causa contra la Empresa de Obras Públicas de Quito, por la que Gallardo recibió la remodelación del piso de su oficina.
- Esteban Andrés Chávez (se desempeñó como asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, identificado en el testimonio anticipado de Mayra Salazar como ‘Andrés Militares’. Sería la persona que coordinó la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas a cambio de la sentencia en el caso con la Empresa de Obras Públicas de Quito).
- Miriam Rodríguez (fue secretaria del Consejo de la Judicatura en Guayas).
- José Poveda (se desempeñó como juez de la Corte del Guayas. Estuvo en el Tribunal que tuvo a su cargo una de las apelaciones en el caso del Banco del Pacífico, porque Pablo Muentes se iba a beneficiar de USD 3,9 millones. Tras intentar salir del país, fue detenido el 2 de junio de 2024).
- Jackeline Domínguez (fue coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas).
- Silvia Orozco (fue la jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil que tuvo en su poder una de las causas presentadas por el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes).
- Susana Batalla (se desempeñó como técnico de ventanilla e información en el Consejo de la Judicatura del Guayas, en 2022).
Durante el desarrollo de la audiencia, Raúl Villacís, abogado de Miriam Rodríguez, anunció al Tribunal que su clienta desistió de la petición.
Una vez que el Tribunal escuchó al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien pidió que se ratifiquen las medidas dictadas en contra de los nueve procesados, así como las alegaciones de los abogados, suspendió la audiencia y anunció que notificará a las partes procesales para informar su decisión.