Según la fiscal Diana Salazar hubo un presunto abuso del cargo, al ejercer un presunto tráfico de influencias para fallar en una causa que tenía como fin favorecer a la entonces asambleísta Guadalupe Llori.
Punto Noticias.- La Fiscalía tiene previsto este miércoles 7 de junio, formular cargos por presunto tráfico de influencias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan José Morillo y Ruth Barreno; y del juez de Pichincha, Wladimir Jhayya.
El juez nacional que estará a cargo de la diligencia es Javier de la Cadena. Él reemplazará al magistrado Walter Macías, quien fue recusado por Barreno para el tratamiento de esta causa.
Fue el juez Felipe Córdova (amigo de Barreno), quien admitió a trámite la recusación y suspendió la competencia de Macías, para conducir la audiencia de formulación de cargos.
Macías, además, tiene en su contra la apertura de un sumario administrativo por parte del Consejo de la Judicatura.
El pasado 28 de abril, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se realice la audiencia de formulación de cargos contra los tres servidores judiciales, pero el 4 de mayo no se instaló por la recusación a Macías.
Se espera que hoy la diligencia se lleve a cabo y la Fiscalía acuse a Morillo, Barreno y Jhayya de presunto tráfico de influencias en el caso denominado ‘Vocales’.
Según Salazar hubo un presunto abuso del cargo, al ejercer influencia en otros servidores para fallar en una causa.
Días atrás, la fiscal general del Estado señaló que tiene los elementos de convicción necesarios y un testimonio anticipado de una funcionaria judicial para continuar con el proceso.
Pero, ¿quién es esa funcionaria? Sería alguien que estuvo presente en una reunión con los tres funcionarios cuando se hablaba de favorecer a otra persona en una causa. Esa ciudadana, que ahora es parte del sistema de testigos protegidos, entregó a la Fiscalía el audio completo de esa conversación.
La investigación del caso ‘Vocales’ inició el 15 de junio de 2022. Dos meses después, las entonces asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES), Viviana Veloz y Pamela Aguirre, presentaron una denuncia contra Morillo y Barreno por el presunto delito de tráfico de influencias.
Veloz dijo que todos los actos de corrupción deben ser investigados. Se refirió a los audios divulgados de esa conversación, por un medio digital, a través de los que se escucha supuestamente a Morillo conversando con un juez. Se pedía que revise un recurso legal de acción de protección de la entonces asambleísta Guadalupe Llori, quien supuestamente intentaba regresar a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
A través de comunicados Barreno y Morillo señalaron que se defenderán porque existe la presunción de inocencia. Y en el caso de Morillo dijo que es coherente con sus actuaciones y respetuoso de la Constitución y de la Ley.
Según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de tráfico de influencias es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.