El Consejo de la Judicatura tiene en marcha un proceso de contratación de una consultoría para la elaboración del sistema antisoborno en la Unidad Judicial Penal de Quitumbe y en la Dirección Provincial de Pichincha.
Punto Noticias.- El Consejo de la Judicatura realizará una contratación directa de una consultoría para la elaboración e implementación de un sistema de gestión antisoborno para el proceso de sorteos de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe y procesos disciplinarios de la Dirección Provincial de Pichincha.
El pasado 24 de octubre de 2024, la Judicatura publicó la necesidad en el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública (Sercop). Las ofertas se recibieron hasta el 30 de octubre y el 11 de noviembre está previsto que se adjudique el contrato que tiene un presupuesto referencial de USD 59.983.
Los casos ‘emblemáticos’ motivaron a la Judicatura
A la actual administración de la Judicatura, dirigida por Mario Godoy, le correspondió enfrentar la destitución de servidores judiciales vinculados con actos de corrupción. Actuaciones que empañaron la administración de justicia en casos como: Metástasis, Purga y Plaga, en los que los jueces, fiscales y funcionarios judiciales son procesados por delincuencia organizada.
Tomando en cuenta este tipo de antecedentes, la Judicatura observó que algunos servidores judiciales eran presas fáciles de tráfico de influencias, sobornos y dádivas, faltando a su ética y moral.
El inicio de la corrupción fue el sorteo de causas
Según la Judicatura, todo eso afectó la credibilidad institucional del sistema de justicia, sobre todo, al inicio del trámite de un proceso, es decir en sorteos de causas. Era en ese punto en el que se iniciaba la corrupción.
Incluso, el Pleno de la Judicatura se vio impedido de actuar, al recibir procesos disciplinarios que se acercaban a la prescripción; mientras que informes relevantes sobre funcionarios involucrados en actos corruptos a menudo no llegaron a su conocimiento, ya sea por negligencia o, posiblemente, de forma intencionada por quienes gestionaban estos expedientes.
En el Informe de Necesidad, el Consejo de la Judicatura observó esos detalles, así como consideró que se debe cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene relación con establecer instituciones eficaces, responsables y justas.
Norma ISO Antisoborno
La Dirección Nacional de Transparencia de la Gestión vio la necesidad de la implementación de la Norma ISO Antisoborno 37001.
El objetivo: prevenir influencias que buscan que los servidores judiciales o externos influyan de manera indebida en la asignación o sorteo de causas.
Para justificar la necesidad de la contratación, la Dirección Nacional de Transparencia de la Gestión pidió información a otras Direcciones sobre procesos para implementarse en el sistema antisoborno.
El 15 de agosto de 2024, en la comparecencia del doctor Mario Godoy, en la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ya se anticipó sobre la implementación de la Norma ISO 37001 Antisoborno.
Es así que su implementación no solo es para el sorteo de causas, sino para el proceso de control disciplinario. Y en ese ámbito, al ser una norma de carácter internacional juega un papel importante los contactos con cooperantes internacionales, como la ONU.
Bajo estos parámetros se pretende restaurar la confianza ciudadana, establecer políticas claras antisobornos, capacitación y concienciación.
Iniciativa para fortalecer la transparencia
Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, mostró su respaldo a este tipo de iniciativas que están orientadas a fortalecer la transparencia en la Función Judicial.
Comentó que, ante la preocupación ciudadana sobre la imparcialidad en los sorteos de causas normales, flagrantes y acciones constitucionales, la Certificación ISO 37001 Antisoborno es una herramienta eficaz para prevenir el riesgo de posibles prácticas indebidas y contribuir a mejorar la percepción ciudadana sobre la justicia en Ecuador.
“La certificación se aplicará a los subprocesos de acciones constitucionales, sorteos de causas penales normales y sorteos de causas flagrantes, en sitios clave como la Unidad Judicial Penal en Quitumbe y la Dirección Nacional de Gestión Procesal en Quito, donde opera un equipo de funcionarios plenamente conscientes de su responsabilidad”, precisó.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), consideró que todo lo que sume a la transparencia del sistema judicial es bueno.
Recordó que, a más de los casos emblemáticos, anteriormente ya se cuestionó al sistema de sorteo de causas y fue con el caso Yunda.
Dijo que con el nuevo sistema no se permitirán sorteos a “dedo” y que los procesos pasen a ciertos juzgadores.