El censo no llegó como debía llegar, lo que causó una subcobertura y conteo menor, agregó Byron Villacis.
Byron Villacis, economista y exdirector del INEC, consideró que el censo poblacional del 2022, cuyos resultados se conocieron el pasado 21 de septiembre de 2023, debe ser sometido a una auditoría internacional e independiente.
A Villacis le llama la atención la denuncia de algunas personas en redes sociales de que no fueron censadas, pese a vivir en zonas urbanas y formales, por lo que deja en la duda la información levantada en sectores informales y rurales del Ecuador.
“El censo no llegó como debía llegar, lo que causó una subcobertura y conteo menor”, agregó.
Byron Villacis señaló además que el censo costó USD 80 millones, siendo el más caro del Ecuador y pese a ello llegó con retrasos y subcobertura: “Por eso se debe reclamar una auditoría”.
El economista recordó que, en el último periodo de la Asamblea Nacional, el propio bloque de CREO se pronunció sobre el tema y pidió dos auditorías, lo que también significa que el Gobierno tampoco confía en los datos de su entidad adscrita.
“Se pidió una auditoría administrativa que debe realizar la Contraloría y otra que es la estadística y debería ejecutarse a través de universidades internacionales para que permita verificar errores técnicos que se ejecutaron en ese proceso”, puntualizó.
Sobre una reducción de la población, Byron Villacis indicó que no hay una evidencia concreta que sostenga eses dato, sin embargo, aquello impactará en los presupuestos para obras públicas porque son menos recursos para los municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Respecto a los resultados de los pueblos montubios, indígenas y afrodescendientes, el economista puntualizó que los censos deben ser consensuados a través de un proceso de sensibilización y campañas comunicacionales, previo a entrar en territorio. De ahí que el dato poblacional de estos sectores también sea incierto.