“Se han vulnerado normas y procedimientos para garantizar una consulta popular, los derechos políticos de Yasunidos y de las personas que tienen derecho a pronunciarse”, explicó Ramiro Ávila.
Punto Noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la demanda presentada en contra de Ecuador por haber vulnerado varios derechos del colectivo Yasunidos. En 2013 intentó convocar a consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní.
“Se han vulnerado normas y procedimientos para garantizar una consulta popular, los derechos políticos de Yasunidos y de todas las personas que tienen derecho a pronunciarse, vulnerando el derecho a igualdad y no discriminación y se vulneró el derecho a la protección judicial”.
Así lo explico el abogado constitucionalista, Ramiro Ávila. La admisión a trámite, dijo Ávila, significa que para la CIDH los hechos denunciados por Yasunidos son creíbles, están demostrados y ahora corresponde un análisis de fondo para demostrar jurídicamente que estos derechos fueron vulnerados y que podrían ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, Ávila señaló que el caso tiene relevancia regional porque no solo se violan derechos de participación, también busca proteger la vida e integridad de pueblos en aislamiento en el Yasuní, donde el Estado ecuatoriano no ha dejado de explotar petróleo.
“Se busca que la CIDH declare la vulneración de los derechos denunciados y se pida una reparación integral, que se haga la consulta y que se repare los 10 años de explotación y la continua vulneración de derechos de los pueblos en aislamiento”, agregó Ávila.
Sylvia Bonilla Bolaños, abogada del colectivo, recordó que este 2023 se cumplen 10 años del inicio de la recolección de firmas para que se realice la consulta. “En este tiempo, todas las instituciones del estado han vulnerado los derechos de participación y los derechos vinculados de los posibles resultados de la consulta”, explicó.
La abogada mencionó que la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Transitorio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconocieron que se han vulnerado estos derechos.