Espín califica el inicio del proceso como una muestra de la persecución política que enfrentaron ella y varios miembros de la Revolución Ciudadana; tuvieron que exiliarse de Ecuador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda interpuesta por la exasambleísta Sofía Espín. El pasado 13 de noviembre de 2018 fue destituida del Legislativo, por supuesta incompatibilidad de funciones.
Espín, quien fue sobreseída de la acusación, pudo participar en las elecciones legislativas de 2021 y regresar a la Asamblea. Considera un gran paso que la CIDH haya admitido su caso, para demostrar la «persecución política» contra ella y otros miembros de la Revolución Ciudadana, incluyendo al expresidente Correa y a Jorge Glas. Glas estuvo en prisión durante al menos cinco años.
«La aceptación del juicio por parte de la CIDH es una gran noticia, considerando que el 80% de las demandas admitidas tiene fallos favorables», detalló Espín. Agregó que esta es una oportunidad para demostrar la persecución política de la cual han sido víctimas, lo que ha llevado a muchos a abandonar el Ecuador.
Ahora la CIDH debe iniciar una investigación y ha otorgado al Estado ecuatoriano un plazo de 40 días para que se pronuncie sobre el caso. Entonces elaborará un informe de admisibilidad, seguido de observaciones y otro informe de fondo. Según explicó la exlegisladora, este proceso tomará al menos dos años.
Espín fue procesada por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias. Tanto ella como la abogada Yadira Cadena supuestamente visitaron a Diana Falcón en la cárcel con el presunto propósito de persuadirla para que cambiara su testimonio sobre el secuestro del activista Fernando Balda en Colombia, en el cual se implicó al expresidente Rafael Correa.
Según Espín, después de la destitución, enfrentó un proceso penal por fraude procesal, «por orden de María Paula Romo, ministra de Gobierno de la época».
«Querían meterme a la cárcel», detalla Sofía Espín. Ante el inicio de la instrucción fiscal, ella abandonó el país y se refugió en Bolivia. Luego de la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia, Espín recibió protección por parte del gobierno mexicano.
En 2019, la Fiscalía General emitió un dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena. El dictamen fue enviado por la Fiscalía al juez nacional Iván Saquicela.
«En este caso no se aplicó un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal», expresó la fiscal Dianal Salazar, en el 2019.
La Fiscalía concluyó que los hechos no se ajustan a los lineamientos del tipo penal sancionado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.
El dictamen abstentivo implicó que se le levantara la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por lo que pudo regresar al Ecuador.
«Con la persecución política te hacen daño, te tratan como si fueras un delincuente, hay un daño a tu imagen, a tu familia, y eso debe ser reparado (…) mintiendo, forzando las leyes destruyeron la moral y la honra de mi y de mi partido político. Se buscaba intimidar a la Revolución Ciudadana, algo que no lograron. En el exilio pueden pasar cosas que atentan contra los derechos humanos y eso debe ser reparado, más allá de lo económico”, subrayó Espín.