El CNE evalúa seguridad en centros penitenciarios.
Para que 5.497 personas privadas de la libertad (PPL), sin sentencia ejecutoriada, puedan ejercer su derecho al voto en los comicios del próximo 5 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE), evaluará las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios.
La idea es tomar las medidas correspondientes de manera previa a la fecha prevista, 2 de febrero, cuando los PPL podrán sufragar y elegir a las autoridades provinciales, cantonales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como responder a las 8 preguntas de la consulta popular.
El reforzamiento de las medidas de seguridad, se debe a que en los últimos años los hechos de violencia registrados en las cárceles del país han obligado al CNE a evaluar si existen las condiciones para llevar a cabo los sufragios e instalar las juntas receptoras del voto (JRV).
Así desde el 11 de enero pasado, el organismo puso en vigencia un reglamento para el registro y sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada que establece los procedimientos para instalar las JRV.
Uno de estos procesos requiere que el ente rector emita un informe que determine si existen las condiciones para el ejercicio del sufragio.
Por lo que la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, aseguró que, en conjunto con el Ministerio del Interior y otras autoridades de la Mesa de Seguridad, ya están analizando las medidas preventivas, y que en
los próximos días se darán a conocer las resoluciones tomadas, que no solo adoptarán medidas de seguridad para los PPL, sino también para aquellos sectores de mayor conflictividad en todo el país.
Sin embargo y a consideración del general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Wagner Bravo , el CNE, en conjunto con las autoridades del Frente de Seguridad, deben implementar un operativo especial para la jornada de votación de estos ciudadanos.
Además de que el CNE debe disponer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que doten de seguridad las cárceles que serán recintos electorales, es decir un total de 43 centros de privación de la libertad en 20 provincias del país, y donde estarán las JRV con dos miembros del CNE y un
interno del reclusorio.
Redacción: Ángel Cóndor