Acción Jurídica Popular interpuso acciones constitucionales para obtener información porque ninguna de las dos entidades ha respondido al pedido de la organización.
Punto Noticias. La organización Acción Jurídica Popular interpuso dos acciones constitucionales para tener acceso a la información pública sobre la campaña por el sí, en el referéndum propuesto por el Gobierno Nacional, que se celebró el pasado 5 de febrero de 2023.
La opción del no se sobrepuso en las ocho preguntas propuestas por el presidente Guillermo Lasso, con el 100% de actas escrutadas, registrando más del 50% a favor del no.
Priscila Schettini explicó que el 1 de febrero de 2023 pidieron información sobre varios gastos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. “Esa información no ha sido entregada hasta la fecha. Presentamos una acción constitucional pidiendo a la Secretaría y subsecretaria de Asuntos Regulatorios, donde trabaja Karen Sichel, para que entregue la información”, afirmó.
Karen Sichel fue la vocera principal del gobierno para impulsar la consulta popular, tanto en sus redes sociales como en las institucionales, se publicaron sus actividades en territorio y las entrevistas en diversos medios de comunicación. Tras la victoria del no, Sichel renunció como subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
La información que no han recibido es si entregaron viáticos a Sichel, si hubo alguna remuneración y si otorgaron una licencia a la exfuncionaria de octubre a diciembre de 2022 y en enero de 2023.
“¿Quién financió los viajes de la señora Sichel? ¿Hubo una delegación oficial para que ella sea la vocera desde la Presidencia para la campaña de la consulta por el sí?”, cuestionó Schettini
La organización también solicitó, el 10 de febrero, información al Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer los spots y piezas publicitarias que se usaron en la campaña por el sÍ. “Queremos saber cuánto se gastó en esta publicidad y cuáles fueron las organizaciones que participaron”, dijo la abogada Angélica Porras, al lamentar que tampoco recibieron dicha información.
¿Quién financió la página Consulta EC y las redes sociales para la campaña del sí?, cuestionó.
Por lo que también ingresaron una acción de acceso a la información pública para que puedan realizar el control sobre los gastos del Ejecutivo en la campaña electoral del referéndum.
No es la primera acción por los cuestionamientos al uso de bienes públicos para la promoción del SÍ.
Ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la asambleísta Patricia Núñez presentó, días atrás, una denuncia por supuesto uso de bienes públicos con fines electorales por parte de la viceministra de Gobierno, Ana Changuín.
La legisladora relató que la viceministra realizó talleres de promoción de la opción electoral del sí en la Consulta Popular.