Los asambleístas han propuesto un informe de minoría que fija como plazo máximo para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación de 6 semanas para mayores de 18 años y de 12 semanas para menores, mujeres de la ruralidad y con discapacidad.
Punto Noticias.- Ricardo Vanegas (PK), Pierina Correa (UNES), Sofía Espín (UNES), Geraldine Weber (PSC), César Rohón (independiente) y Marcos Molina (ID) conforman la denominada «Coalición por la vida» y se oponen al informe de mayoría del Proyecto de ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, que se conocerá en el Pleno el martes 25 de enero.
En rueda de prensa ofrecida la tarde de este miércoles, los legisladores expresaron su desacuerdo con la temporalidad establecida por el informe final de la Comisión de Justicia, misma que plantea que la interrupción del embarazo sea hasta la semana 20, en mayores de 18 años; hasta la semana 22 para niñas y adolescentes menores de 18 años.
Mientras que para mujeres con discapacidad se propone que puedan ser intervenidas de acuerdo a lo establecido en la guía de aborto terapeútico del Ministerio de Salud; mismo que dispone hasta la semana 21 o si el feto tuviese un peso menor a 500 gramos.
Los seis legisladores coinciden en que el aborto no es un derecho, que la vida no tiene ideología política y que la vida de la niña, mujer o adolescente y un hijo o hija producto de una violación deben ser defendidas.
Correa sostuvo que, según la evidencia científica, mientras más avanzado está el estado de gestión existe más riesgo para la madre, por lo que a los seis meses de embarazo ya no se considera un aborto, sino, dijo, un parto prematuro.
«¿Qué pasa con ese bebé no nacido, después de un aborto?. ¿A dónde va a parar su cuerpo?. Cuidado estamos abriendo la vía para negocios funestos como tráfico deórganos, venta de células madre o placentas», cuestionó.
Por su parte, Vanegas, integrante de la Comisión de Justicia, hizo un llamado al presidente Guillermo Lasso, para vetar este proyecto de ley. Sin embargo, instó a tomar en cuenta el informe de minoría propuesto por este grupo de funcionarios.
Los asambleístas han propuesto un informe de minoría que fija como plazo máximo para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación de 6 semanas para mayores de 18 años y de 12 semanas para menores de edad, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad.
En seis días, el Pleno de la legislatura conocerá el informe para segundo debate de este proyecto de ley, que tiene posturas dividas, como la de las organizaciones de mujeres que defienden que la interrupción de un embarazo producto de una violación no debería tener un plazo, en ningún caso.