La sesión virtual No 18 de la Comisión está prevista para mañana, a las 09h00.
Punto Noticias. La mesa de Fiscalización recibirá, este miércoles 28 de octubre, al comandante general de la Policía, Hernán Patricio Carrillo, con el fin de que exponga los aspectos operativos de la respuesta policial al levantamiento popular de octubre 2019.
Según la Defensoría del Pueblo, que citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción policial dejó como resultado 1.340 personas heridas, al menos 20 personas perdieron sus ojos por impactos de bombas lacrimógenas y perdigones, además de 14 fallecidos.
La presencia, vía telemática, del comandante de Policía responde a la solicitud de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como parte de sus pruebas de descargo, dentro del juicio político propuesto por los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
Romo, con fecha 23 de octubre, envió al organismo fiscalizador sus respuestas a las acusaciones presentadas en su contra, en las que niega las imputaciones políticas de los legisladores Cuesta, Naranjo y Gómez.
Argumentó, la funcionaria, que no cabe un enjuiciamiento político sobre hechos respecto de los cuales la Asamblea Nacional ya conoció e investigó, a través de una comisión especial ocasional multipartidista, y respecto de cuyo informe el Pleno emitió una resolución, que en ninguna de sus partes determina que haya existido responsabilidad política alguna imputable a la ministra de Gobierno, a su entender.
Romo no cree que el Legislativo tenga competencia para determinar responsabilidades como las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal; tampoco para determinar responsabilidades administrativas disciplinarias, como lo sugieren los interpelantes, al haber incumplido el artículo 120, numeral 25, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), norma aplicable a los miembros de la Policía Nacional, argumentó.
La secretaria de Estado, en relación con el uso de bombas lacrimógenas caducadas, consideró necesario distinguir entre las labores que realiza la ministra de Gobierno y la Policía Nacional, porque, a su criterio, se confunde una y otra vez las funciones y responsabilidades de la Policía y las que corresponden al Ministerio de Gobierno. En este caso, se atribuye como incumplimiento de funciones las labores que corresponde a la función operativa de la Policía Nacional, como si la ministra de Gobierno, una autoridad civil, fuera una policía más, sostiene.
Para Romo, de la lectura de la solicitud de juicio político, no queda claro si está siendo cuestionada porque la Policía Nacional actuó haciendo uso excesivo de la fuerza o, por el contrario, con menos fuerza de la que esperaba de esta.
Fuente: Asamblea Nacional.