Esta normativa fue enviada por el Presidente Lasso con carácter de económico urgente.

Con ocho votos a favor y uno en contra, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate de Ley para la Atracción de Inversiones que fue enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente el 22 de febrero.

La mesa legislativa aprobó el documento, pero incluyó varias observaciones recibidas por los legisladores, autoridades del sector público y organizaciones de la sociedad civil

Los asambleístas coincidieron que en el apartado referente a las asociaciones público -privadas (APP) se debe establecer, de manera expresa, que las distintas modalidades contractuales de la gestión delegada no representan la privatización o la enajenación de bienes del Estado, existentes o nuevos.

 De la misma manera, se debatió la “delegación de los sectores estratégicos o de servicios públicos” y se resolvió incluir este mecanismo, de manera excepcional, cuando el Estado no tenga la capacidad para cubrir la demanda, ya sea en aspectos técnicos o económicos.

En esta discusión, el legislador John Vinueza propuso que las entidades delegantes de servicios básicos no puedan encargar la administración misma de estos, con el objeto de no generar cobros por servicios de salud, educación, seguridad social, seguridad pública y servicios judiciales; sin embargo, la legisladora Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, aseguró que este cuerpo legal y la Constitución de la República prohíbe el cobro de tarifas por estos servicios.

Otro tema de discusión fue el control al origen de los fondos de las entidades inversoras, para esto, se agregó un inciso que solicita informes de licitud de fondos provenientes del exterior.

En cuanto a las zonas francas, los asambleístas decidieron mantener el período de 20 años para su aprovechamiento. No obstante, se incorporó que este beneficio sea exclusivo para las nuevas inversiones.

Además, estas zonas no se constituirán únicamente en espacios territoriales, sino que también podrán ser declarados como tal los bienes inmuebles que sean estratégicos para las actividades de los inversionistas.

Antes de concluir el debate, también se retiraron las cláusulas de confidencialidad sobre los contratos que el Estado firme con el sector privado. Esto era propuesto por el Ejecutivo en este proyecto.

Con todo esto, el informe será entregado a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con el fin de que convoque a una sesión del Pleno para iniciar con el primer debate.

Fuente: Asamblea Nacional