Con 8 votos afirmativos, los legisladores dejaron en claro que lo expuesto por el Gobierno conlleva nuevas violaciones a la Constitución.
Punto Noticias.- La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos a favor el Informe No Vinculante a la Objeción Parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, que fue remitido por el Ejecutivo.
Previo a la votación, la legisladora Johanna Moreira solicitó al presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo, que se incluyan sus observaciones. A lo que el titular de la Comisión solicitó al secretario que las adjunte.
Dos observaciones se añadieron para señalar que el informe para segundo debate que fue elaborado por la Comisión de Justicia fue diseñado correctamente tomando en cuenta lo que señaló la Corte Constitucional. Por lo tanto, el informe recoge que no cabe la objeción planteada por el Ejecutivo.
Además, la Comisión resolvió remitir a la presidenta de la Asamblea Nacional, lo resuelto, con el fin de que el Pleno apruebe el informe ya que lo expuesto por el presidente Guillermo Lasso conllevaría violaciones a la Constitución y recomendaron remitir a la Corte Constitucional lo referente a temas inconstitucionales para que lo resuelva.
Ante ello, estimaron un plazo de 30 días para el trámite, lo que existiría el riesgo de que entre por el Ministerio de la Ley. Sin embargo, al final, el documento aprobado exhorta a que se suspendan los plazos para que no entre en vigencia de esa manera.
Los legisladores cuestionaron los criterios expuestos por el Ejecutivo sobre que la víctima presente una declaración juramentada, sobre la temporalidad de las 12 semanas, así como que deben contar con un consentimiento del representante de la víctima de violación, cuando, en su gran mayoría, los padres son quienes atacan a las menores.
Jaramillo dijo que el mandatario no ha sido empático con las niñas y mujeres violentadas sexualmente.
Criticó que el pronunciamiento presidencial tenga origen en “sus convicciones religiosas y personales”.
A su vez, calificó de revictimizante al veto que pide la denuncia como requisito.