No solo es el informe de la Defensoría del Pueblo sino también el de la CIDH y la ONU, agregó.
Jorge Sosa, activista en DDHH y docente universitario, señaló que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos ocurridos en octubre de 2019, no es una investigación aislada porque también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un equipo de Naciones Unidas llegaron al país para in situ reconocer que en el paro nacional hubo un abuso de la fuerza pública, posibles ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de medidas extremas como la prisión preventiva.
Incluso detalló que la propia Corte Constitucional, en su momento, también solicitó a la Fiscalía que inicie investigaciones por posibles violaciones de DDHH; y a la par la Asamblea Nacional también emitió un informe donde establecía violaciones.
“Aquí hay una falta de memoria de lo que pasó, dos informes internacionales, un exhorto de la CC y uno de la Asamblea que configuran un corpus que nos permite decir que estamos frente a verdaderos actos o violaciones de DDHH”.
Sin embargo señaló que la novedad del informe del Comité de la Verdad y la Justicia de la Defensoría del Pueblo es que califica esos actos como delitos de lesa humanidad, caso que podría ser llevado a la Corte Penal Internacional.
Sosa puntualizó que frente a un retraso injustificado en la administración de justicia sobre la investigación de octubre de 2019, el Comité de Víctimas podría llevar al presidente de la República Lenín Moreno ante una Corte Internacional porque, reiteró, son varios informes que establecen la responsabilidad del Estado sobre las violaciones de DDHH.
“Frente a la posibilidad de que los delitos queden en la impunidad, pueden presentarlo ante la Corte penal Internacional”.
Detalló que aunque octubre sirvió para perseguir opositores, esto no podría ser analizado en Corte Internacional, aunque sí el abuso de la prisión preventiva, la represión al pueblo que significó once muertes, las decenas de personas que fueron mutiladas por uso excesivo de la fuerza: “Este caso tiene factibilidad y admisibilidad para que la Corte empiece a investigar si hubo o no delitos de lesa humanidad”.
Manifestó que no solo se trata del caso de octubre de 2019, sino también los cuerpos perdidos durante la pandemia en Guayaquil, la denuncia a Ola Bini, la entrega de Julian Assange, así como también el secuestro y muerte del equipo periodístico de diario El Comercio: “En estos cuatro años Ecuador es el país que más llamados de atención ha recibido de organismos internacionales, ni siquiera en la época de Febres Cordero el país recibió denuncias de organismos internacionales”.