El Ministerio de Energía confía en que a través del diálogo se solucione el problema pero deja en claro que el reclamo de la compañía es “totalmente infundado y carente de validez”
Como totalmente infundado calificó el Ministerio de Energía, al reclamo que hace la petrolera New Stratus, (NSE) dueña de Petrolia, que pide a Ecuador 260 millones de dólares por daños ya que el Estado se niega a negociar directamente con ellos los contratos de los bloques 16 y 67.
La cartera de Estado confía en que a través del diálogo se solucione el problema pero deja en claro que el reclamo de la compañía es “totalmente infundado y carente de validez”, pues considera una mera expectativa la de la prórroga del plazo contractual como un derecho adquirido, además cualquier prórroga debe ser solicitada y concedida a quien es el legítimo titular de los derechos sobre el bloque.
Los contratos en los bloques 16 y 67 finalizan el 31 de diciembre, pero NSE buscaba ampliarlos por 15 o 20 años más. El ministro de Energía Fernando Saltos, indicó que los campos manejados por Petrolia pasarán a manos estatales en tres semanas.
📍[COMUNICADO OFICIAL]📄
📌Sobre la culminación de los contratos pertenecientes a los bloques 16 y 67, ubicados en la región amazónica, que ha devenido en un supuesto conflicto entre una operadora petrolera privada y el Estado ecuatoriano, este Ministerio informa lo siguiente⤵️ pic.twitter.com/FZRHhgdGw1
— Ministerio de Energía y Minas Ecuador (@RecNaturalesEC) December 8, 2022
La controversia con la compañía New Stratus Energy, comenzó cuando la empresa compró el 25% de las acciones que la petrolera Repsol tenía en esos bloques de los que era operadora.
Según el ministro, un concurso vía licitación es la salida correcta y legal para este problema. Ratificó que toda inversión extranjera es bienvenida, pero a través de un proceso en el cual primen la transparencia y la competencia sana.
El pasado lunes 5 de diciembre New Stratus, anunció su intención de ir a un arbitraje internacional, debido a que considera que ha habido incumplimiento de contrato por parte del Gobierno ecuatoriano.