La propuesta del Ejecutivo, en una de las preguntas de la consulta popular, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pierda su facultad de elegir autoridades.
El domingo 5 de febrero, 13,5 millones de ciudadanos podrán votar. Además de la elección de autoridades seccionales, el presidente Guillermo Lasso busca la aprobación de ocho preguntas de la consulta popular. Le presentamos las opiniones alrededor de la pregunta cinco sobre la eliminación de una de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Para entrevistados sería volver al pasado.
La pregunta:
“¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros?”.
Algunas reflexiones en torno a ¿por qué existe el CPCCS?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se creó en 2008, con la función de elegir autoridades para las diferentes instituciones del Estado.
Según el artículo 208 de la Constitución se encarga de elegir a las autoridades de control de la: Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado.
Así como a miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura; en total escoge a 77 autoridades.
La existencia del CPCCS ya ha sido cuestionada por el gobierno; y aunque mucho se ha dicho sobre eliminarlo, la única vía para que sea posible sería una Asamblea Constituyente, ya que así fue creado.
Sin embargo, esto no detuvo al Ejecutivo que plantea, mediante consulta popular traspasar al Legislativo la facultad de seleccionar a los titulares de los organismos de control. Eso dejaría al CPCCS solo con la función de incentivar la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.
Algo de memoria
Esta no es la primera vez que un gobierno de turno intenta incidir sobre el papel que cumple el Consejo de Participación. Luego de la consulta popular y referéndum de febrero de 2018 planteado por Lenín Moreno, el CPCCS-Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, estableció que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía en las urnas.
Antes, los consejeros eran elegidos entre los representantes de las organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a través de un concurso público de méritos y oposición que realizaba el Consejo Nacional Electoral.
Alberto Acosta, quien presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de Montecristi, indica que el CPCCS, fue creado como respuesta al reclamo de diversos sectores de la ciudadanía que pedían mayor participación en la vida política y en los mecanismos de control del Estado.
En esa línea, recuerda, se vio a la necesidad de institucionalizar la “participación ciudadana”, detalla Acosta.
Esto sucedió después de décadas de desinstitucionalización, con cuotas políticas repartidas desde la Asamblea Nacional. Entonces, el Legislativo, tal como lo plantea el actual gobierno, elegía a las autoridades de control de las diferentes instituciones del Estado.
En los años ochenta y noventa se agudizo la intromisión de partidos políticos y arreglos internos para elegir a autoridades tan importantes como el Fiscal de la Nación, el Procurador del Estado o los miembros de la Corte Constitucional.
Para Acosta, de ganar el sí en esta pregunta de la consulta popular, Ecuador volvería a esta época. “La Asamblea Nacional se encargaría de escoger a 77 autoridades y eso es lo que conocemos como el reparto de la troncha”.
Así, rememora Acosta, sobre todo los partidos políticos grandes, se distribuían las distintas instancias del control del Estado. “Las instituciones de control no tenían independencia para luchar contra la corrupción, o al menos, para concluir sus tareas específicas”, aseguró.
¿Qué pasará si gana el sí en esa pregunta?
Para el abogado y docente, Gabriel Galán, es importante prestarles atención a los anexos de esta pregunta de la consulta popular, ya que el nuevo proceso establecería reformas y nuevos plazos para la designación de autoridades.
En ese sentido, mediante una disposición transitoria se podrían declarar desiertos todos los procesos para elegir autoridades de control, que ya están en marcha.
“Todas las autoridades de control, a la fecha, están prorrogadas en sus funciones, es decir, que ya deben ser reemplazadas. De ganar el sí en la pregunta siete de la consulta, como Ecuador no puede quedarse sin autoridades de control, seguirán prorrogadas las mismas personas”.
Por eso, para Galán, se debe analizar a quién le conviene que, en medio de la crisis institucional del país, esas autoridades sigan prorrogadas.
Sobre esto, Acosta indicó que esta disposición mantendría la prórroga de las autoridades, por al menos dos años. Algo que a su criterio solo beneficia al gobierno de Guillermo Lasso. “La transitocracia solo beneficia al Presidente porque encuentra aquí una manera de liberarse de las instituciones de control”.
A la par, la prórroga hará que las instituciones se debiliten. “Será como si no existieran autoridades de control”, resalta Galán. Añade que las autoridades encargadas no podrán hacer mucho porque sentirán que no tiene la legitimidad.
Según el sociólogo, Decio Machado, la inestabilidad que vive actualmente el organismo es una característica de la intromisión del gobierno sobre sus consejeros.
“El CPCCS nació con un objetivo concreto y eso no se ha cumplido a lo largo de su historia, siempre ha sido tomado por los sectores políticamente afines al Ejecutivo. No es el problema el CPCCS sino el sistema político ecuatoriano, que no ha permitido que cumpla con las funciones para las que fue constituido”.