La denuncia fue presentada ante la Comisión de derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.
Punto Noticias. Hasta el momento, las instituciones correspondientes no atienden de manera integral el caso de las personas trabajadoras de las plantaciones de abacá, de la empresa Furukawa, generándose casos de desalojo y derrocamiento de viviendas, pese a que existe una sentencia con medidas cautelares, reclamó el defensor del Pueblo.
En la Comisión de Derechos Colectivos, Freddy Carrión expuso las acciones emprendidas por la defensoría ante la violación de derechos humanos a los trabajadores de Frurukawa C. A.
Carrión deploró que las medidas dictadas por el juez constitucional solo se emitieron para los trabajadores del kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo, dejando en la indefensión a quienes se encuentran en los kilómetros 30 y 42.
Por esta razón, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más y varios representantes de los trabajadores solicitaron interponer las garantías jurisdiccionales necesarias, a favor de al menos 172 trabajadores, quienes se vieron presionados a seguir trabajando en la referida empresa con valores irrisorios.
El defensor del Pueblo señaló que se conoce que la empresa Furukawa expulsó a un grupo de trabajadores de una de sus haciendas sin el debido pago y liquidaciones por los años de servicio. Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Trabajo que realice una inspección al campamento 30 y, de ser pertinente, proceda a realizar las liquidaciones. Al Ministerio de Inclusión Económica, que atienda a los trabajadores en el ámbito social, de acuerdo con los programas existentes.
Advirtió que, al tratarse de personas vulnerables, se requiere de la actuación de todas las entidades del Estado para atender, desde varios enfoques, el caso. Solicitó que la Asamblea Nacional inicie procesos de fiscalización a todas las autoridades inmersas en este tema, a fin de que se promueva las sanciones correspondientes.
Demandó que la Contraloría General investigue las actuaciones del Ministerio de Agricultura en la gestión del caso Furukawa, desde que tuvo conocimiento de los hechos en el 2017, para identificar posible omisión u otros actos que tengan como resultado responsabilidad penal o administrativa.
A criterio de Carrión, el Ministerio de Gobierno debe articular acciones, planes y programas para las víctimas del caso y la Fiscalía avanzar diligentemente con el proceso de investigación, sin más dilación, en el posible delito de explotación laboral y otros conexos.
Rafaela Olivo, representante de la Asociación Agropecuaria Montubia Campesina Abacaleros, José Torres, Ángel Hernández y Sabrina Angulo, trabajadores de Furukawa, alertaron que, si bien se dictaron las medidas cautelares, hasta el momento no les entregan nada por escrito, razón por la cual la empresa sigue vulnerando sus derechos con despidos, desalojos y derrocamiento de sus viviendas.
Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, indicó que se vulneraron las medidas cautelares, por lo que se debe emprender en acciones jurisdiccionales. Solicitó a la Defensoría del Pueblo que inicie procesos en la Fiscalía a favor de las personas afectadas.
El presidente de la Comisión, Jaime Olivo, anunció que se convocará nuevamente a las autoridades de los ministerios de Gobierno, Trabajo y al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que informen las acciones emprendidas frente a los últimos hechos suscitados.
Fuente: Asamblea Nacional.