El organismo de control examinó la contratación, pagos y resultados de los servicios de asistencia legal y psicosocial.
Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el examen especial a las contrataciones efectuadas por la Embajada de Ecuador en España, entre enero de 2015 y septiembre de 2021, para brindar asesoría legal, hipotecaria y asistencia psicosocial a los migrantes ecuatorianos residentes en el país ibérico.
En un comunicado de la CGE, se indica que el informe señala que los contratos se suscribieron sin estudios completos y definitivos. Tampoco se elaboraron términos de referencia con el detalle de las necesidades específicas a ser cubiertas, características de los servicios, los requisitos y parámetros que garanticen la experiencia y capacidad técnica de los contratistas para cumplir las obligaciones contractuales.
“Estas condiciones eran necesarias para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas. Entre 2015 y 2021, la Embajada realizó pagos sin sustento por gastos administrativos a las empresas Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana SLU, que ascendieron a USD 1’305.714”.
La auditoría señala que los funcionarios de la misión diplomática no requirieron facturas que demuestren el desglose de los gastos. Además, indican que no se pudo corroborar que contratar a las empresas Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa S.L.U. e Intercon Iberoamericana SLU no fue una decisión beneficiosa para los intereses del Estado.
“La documentación que sustenta los pagos a estas compañías no se validó, de acuerdo a los términos contractuales. Las facturas no detallaron el número de personas que recibieron asistencia, medios que permiten confirmar que las actividades se cumplieron en concordancia a lo contratado, y la documentación de sustento no se archivó completa ni en orden cronológico, dificultando las tareas del equipo de control”.
Frente a estas irregularidades, señala el comunicado, los auditores sugirieron la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado (enero de 2015 a septiembre de 2021), entre los cuales figuran exembajadores, exencargados de negocios, administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.