La glosa de USD 1 263 334 se dio por la adquisición de bienes, mediante régimen de emergencia, sin las cantidades registradas en las actas de distribución de insumos.
Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil de 10 funcionarios. Ellos participaron en la compra de equipamiento para las unidades educativas de la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación, que abarca a las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos.
La participación se dio, entre enero de 2017 y diciembre de 2020. El monto de la glosa asciende a USD 1 263 334. La cifra corresponde a la diferencia entre la cantidad de bienes adquiridos mediante régimen de emergencia y las cantidades registradas en las actas de distribución de los insumos.
“Las discrepancias se detectaron durante el examen especial que analizó, entre otras operaciones, 24 contratos por régimen de emergencia para equipar unidades educativas en la provincia de Esmeraldas, las cuales resultaron afectadas por el terremoto de 2016”, señaló la Contraloría en un comunicado.
Y agregó que durante la acción de control, se estableció que los directores, analistas, coordinadores y administradores de contratos de la Coordinación Zonal, en el marco de sus competencias, “no tomaron medidas para garantizar la conservación, seguridad, manejo y control adecuado de los recursos institucionales”.
Más problemas
La Contraloría detectó la ausencia de un sistema adecuado para la administración del inventario de bienes y controles insuficientes en los procesos de la entrega-recepción de materiales adquiridos. Además, faltaron levantamientos físicos, que dificultaron la posibilidad de conocer la cantidad y monto de los recursos disponibles en las bodegas de la entidad.
“La auditoría determinó que los presupuestos referenciales no se establecieron a partir de análisis de las condiciones del mercado y de adquisiciones efectuadas previamente por la misma entidad. En consecuencia, los precios de los bienes se incrementaron injustificadamente hasta en un 133%, lo que se tradujo en pagos en exceso de USD 148 930”.
La Contraloría también evidenció que los informes de viabilidad y términos de referencia de contrataciones se elaboraron sin información que justifique la cantidad de bienes necesarios para solventar la situación de emergencia. En la documentación no se detalló la cantidad de bienes que se asignarían a cada unidad educativa.