Hubo infracciones rechazadas que llegaron a destiempo y otras que no tuvieron sentencia judicial y aún así fueron anuladas. Todo eso habría generado un perjuicio económico.
Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado (CGE) estableció irregularidades en la concesión del servicio de registro y sanción de infracciones de tránsito en Ambato.
En las acciones de control efectuadas al contrato, la entidad identificó irregularidades en la selección del proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista.
Desde 2016, la Contraloría ha aprobado tres informes de auditoría relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el Cabildo en 2014.
A la par, se efectuó un examen al cumplimiento de las recomendaciones y a la operación, imposición y recaudación del fotosensor ubicado en la Av. Bolivariana, entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto.
En 2016, la auditoría estableció que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.
Según el análisis de la Contraloría, luego que el Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato fue aprobado, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la Alcaldía para gestionar directamente el control de tránsito.
A esto se sumó que no se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.
A su vez, en la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión.
Algo que resaltó el ente de control fue que la concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para sancionar a los conductores.
Los auditores concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el municipio deje de percibir USD 50.405 del porcentaje de participación que le correspondía, según los términos del contrato.
Sustentado en sumillas insertas en solicitudes de los infractores, el administrador del contrato solicitó rechazar otras 227 infracciones, por USD 29.534, argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Mientras, en el examen aprobado en 2020, la Contraloría determinó que los Directores de Tránsito de la municipalidad no controlaron que la sistematización de las infracciones concuerde con los límites de velocidad establecidos.
Esta situación hizo que el Cabido no reciba USD 1’382.191, debido a que las sanciones impuestas a los vehículos de transporte público, comercial de pasajeros y de carga, fueron determinadas erróneamente y no se multó a la concesionaria por esta omisión.
Asimismo, dejó de percibir USD 91.798, debido a que 914 infracciones por exceso de velocidad fueron anuladas sobre la base de sentencias judiciales, debido a que la concesionaria notificó extemporáneamente. Por esta situación tampoco se impuso la multa de USD 10 mil al proveedor.
El equipo de control también indicó que se rechazaron 164.820 contravenciones, debido a que no se hicieron pruebas del funcionamiento nocturno de los radares. Aspecto que impidió que se identifique correctamente a los vehículos.
Fuente: Contraloría General del Estado