La Fiscalía investigará los patrimonios de los servidores, entre los que constan funcionarios judiciales y miembros de las Fuerzas Armadas.
Exámenes especiales de la Contraloría General del Estado a las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, determinaron 74 casos con indicios de responsabilidad penal.
La Contraloría detalló que las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales corresponden a servidores de la Función Judicial, las Fuerzas Armadas, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones del Ejecutivo, hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de otras entidades.
De acuerdo con la Ley, los informes con indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría pasan a manos de la Fiscalía para el inicio de investigaciones.
Actualmente la entidad de control realiza 67 exámenes y en este año tiene previsto iniciar otras 18 auditorías para verificar la legalidad, exactitud y veracidad de los movimientos patrimoniales reportados por funcionarios públicos.