Punto Noticias.- Jorge Vivar, gerente de JVseimec, denunció que por razones mediáticas el sistema de justicia reinició un proceso judicial en su contra el cual ya fue juzgado y sobreseído en 2017. Esto dentro del caso de peculado de Petroecuador en el que está involucrado Carlos Bravo exgerente de la empresa petrolera.
“Estoy siendo juzgado por segunda ocasión, por el mismo delito”, dijo Vivar quien fue contratista de Petroecuador y a quien se lo acusó de peculado en el año 2016 por Fernando Villavicencio, dentro de varias denuncias de supuestas irregularidades que se habrían encontrado en las contrataciones de obras.
“En el desarrollo del examen especial que realiza la Contraloría no se permite mi legítima defensa y los descargos no fueron considerados ni analizados y finalmente concluyen en que la diferencia entre el presupuesto referencial del proceso contractual con la oferta que presentó mi empresa constituye un peculado; tomando en cuenta que el segundo oferente fue USD19 millones más alto que la propuesta de mi empresa (…) Además Petroecuador es quien decide tomar la oferta o no”
De ahí que en noviembre de 2017, Vivar fue sobreseído debido a que la Fiscalía no encontró indicios por el supuesto delito de peculado y al no haber ninguna instancia o persona que apele dicha decisión, el caso fue juzgado.
“Hoy a mis espaldas en una audiencia, después de haber sido sobreseído, se llama a una audiencia sin presencia de mi abogado y se me notifica que seré juzgado nuevamente”
En este sentido Juan Pablo Torres, abogado de Vivar, enfatizó que este caso se está volviendo a juzgar para que la prensa los aplauda.
“Diciendo que todo el proceso anterior es nulo, en un juicio que al final fue un teatro mediático en el cual nos vemos envueltos lastimosamente por culpa de la mediatez de la justicia donde el fiscal Mario Salazar, incluso trato de introducir pruebas fraguadas y falsas que el propio tribunal las reconoció”
Además Torres indicó que la oferta de su cliente fue de USD23 millones y solo le terminan pagando USD20 millones, por lo que el mismo perito reconoce que no hubo perjuicio al Estado.
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