Con esta sentencia, se evidencia que Radio Pichincha fue atacada sistemáticamente por varias instituciones del Estado.
El pasado 24 de octubre del 2024, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con ocho votos a favor y un voto salvado, resolvió que la sentencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en contra de Radio Pichincha, vulnera el debido proceso y los derechos del medio de comunicación.
Esta sentencia constitucional tiene su origen en una acción extraordinaria de protección que fue presentada por el gerente de Radio Pichincha, Orlando Pérez, el 14 de septiembre de 2020, en contra de la decisión tomada por los jueces de la Corte Provincial sin tomar en consideración los alegatos trascendentales de la Radio respecto a la vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al debido proceso en la garantía de motivación.
El caso tuvo su origen en los actos de censura y violencia institucional que realizaron varias instituciones del Estado en contra de Radio Pichincha, para silenciarla e impedir que este medio público de comunicación informe acerca de las actuaciones de las autoridades y agentes del Estado en el marco de las protestas ciudadanas de octubre de 2019.
La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia documentó ataques contra Radio Pichincha
Las actuaciones realizadas por agentes de las instituciones del Estado incluyeron graves violaciones de derechos humanos que, más tarde, fueron documentadas y denunciadas por la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) de la Defensoría del Pueblo que, en su Informe Final, señaló:
“La CEVJ pudo establecer que las y los agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza en reiteradas ocasiones, conductas que, en el contexto nacional entre el 3 y el 16 de octubre, causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños a civiles.
La CEVJ recibió 519 testimonios durante su mandato. De este universo, 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre; 169 hombres y 80 mujeres. Adicionalmente, todos aquellos casos de acciones violentas de manifestantes en contra de agentes del Estado, periodistas, civiles y contra bienes públicos y privados. Cabe señalar que la presentación del testimonio fue voluntaria, por lo tanto, el total presentado no debe ser considerado como definitivo y en el marco de la investigación penal se podrá establecer el número total de víctimas y afectados.
Sobre presuntas y presuntos responsables institucionales, de los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional, lo que corresponde al 75 %, y 34 por personal de las Fuerzas Armadas que corresponde al 13 %. Además, se estableció que al menos 26 personas de entidades públicas no habrían actuado conforme a sus competencias, lo que corresponde al 10 %, entre ellos personal de la Fiscalía General del Estado.
Respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos, la CEVJ analizó casos que tienen relación con los siguientes descriptores: violaciones al derecho a la integridad personal 123, violaciones al derecho a la libertad personal 38, ejecuciones extrajudiciales 6, atentados contra el derecho a la vida 22, violencia sexual 3, lesiones oculares 20. Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política. Algunas víctimas pudieron haber sufrido más de una vulneración”.
Con base en este Informe y las pruebas documentadas por la CEVJ, el Dr. Fredy Carrión, Defensor del Pueblo, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto cometimiento del delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, presidente de la República; María Paula Romo, ministra de Gobierno; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; y, otras personas, para quienes solicitó la prohibición de salida del país.
Cronología de ataques en contra de Radio Pichincha
8 de octubre 2019
En el caso de Radio Pichincha, el 8 de octubre de 2019 la Fiscalía General del Estado, con apoyo de miembros de la Policía Nacional, allanó sus instalaciones, en el marco de una investigación por el supuesto delito de instigación a la discordia, llevándose parte importante del archivo físico de la Radio, así como un servidor con una gran cantidad de información producida por este medio de comunicación.
Ni el servidor ni los archivos físicos incautados han sido devueltos a Radio Pichincha hasta la presente fecha.
9 de octubre 2019
A este acto de amedrentamiento para silenciar a los periodistas, a los ciudadanos y al medio de comunicación, se sumó la ARCOTEL y el 9 de octubre de 2019 inició un proceso sancionador, acusando a la Radio, sin pruebas ni fundamentos legales, de incitar al caos, al desorden social, a la paralización de los medios de transporte y a cometer delitos contra la propiedad pública y privada, por lo que dispuso la suspensión indefinida de las emisiones de Radio Pichincha.
21 de octubre 2019
El 21 de octubre de 2019 el gerente de Radio Pichincha presentó una acción de protección con medidas cautelares en contra de la suspensión de este medio de comunicación ordenada por la ARCOTEL. La Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe que conoció el caso, concedió la medida cautelar y dispuso que se deje sin efecto el acto administrativo impugnado. Posteriormente, se aceptó la acción de protección, y se decidió, entre otras cosas:
1.- Aceptar la acción de protección presentada por Radio Pichincha en contra del director ejecutivo de la ARCOTEL.
2.- Declarar la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, por vulneración a la garantía constitucional a la libertad de expresión, realizada por la ARCOTEL.
3.- Exhortar a la ARCOTEL a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las labores de los comunicadores sociales de manera libre e independiente, así como para garantizar el derecho de acceso a la información de la población ecuatoriana.
Apelación de ARCOTEL – 17 de agosto 2020
Como era de esperarse, la ARCOTEL apeló la decisión del Juez y, el 17 de agosto de 2020, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el recurso de apelación, por lo que revocó la sentencia del Juez de primera instancia.
Radio Pichincha presentó una Acción de Protección
Frente a este acto de arbitrariedad y uso inadecuado de la administración de justicia orientado a silenciar las voces del periodismo y de la ciudadanía, Radio Pichincha interpuso la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que ha sido recientemente resuelta y en la que se declara la vulneración de derechos de Radio Pichincha.
Violaciones de derechos a Radio Pichincha
Las violaciones sistemáticas a los derechos a la libertad de expresión y de prensa que han sufrido los periodistas y trabajadores de Radio Pichincha por parte de al menos 16 instituciones del Estado desde octubre de 2019 hasta mayo de 2024.
A todo esto se suman los asaltos con violencia sufridos por algunos de sus periodistas y trabajadores, así como los ataques informáticos cuyos autores no han sido determinados, fueron denunciados documentadamente al Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico del CORDICOM, a la Fiscalía General del Estado y a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, sin que hasta la presente fecha las autoridades estatales hayan producido un solo avance para el procesamiento legal de las graves violaciones a los derechos humanos que se les ha comunicado formalmente.